Sin palabras. El ex presidente Carlos Menem se negó ayer, por segunda vez en 20 días, a prestar declaración ante el juez federal Jorge Urso. El ex jefe del Estado se limitó a entregar un escrito en el que consignó que "no existe la más mínima prueba" sobre su presunta participación en la venta ilegal de armas al exterior. Tras enfatizar que afronta una "injusta detención", aseguró que la Fiscalía formuló acusaciones en su contra "con un afán de perjudicarme que no logro explicar". Menem, quien el 2 de julio próximo cumplirá 71 años, rehusó responder preguntas, pero dedicó un reproche a Urso y al fiscal federal Carlos Stornelli: "Están tirando a la basura 50 años de trabajo por el país". "No existe la más mínima prueba que me haga participar o decidir o conocer el cambio de destino de la mercadería vendida", expresó luego por escrito al referirse a las exportaciones clandestinas de armamento a Ecuador y Croacia (que se concretaron entre 1991 y 1995) al amparo de decretos del Poder Ejecutivo que autorizaron operaciones con Venezuela y Panamá. El ex presidente fue trasladado desde la quinta de Don Torcuato, donde cumple prisión preventiva desde el 7 de junio pasado, hasta los Tribunales federales del barrio porteño de Retiro, en cuyo cuarto piso aguardó por 40 minutos la llegada de sus abogados, Mariano Cavagna Martínez y Oscar Roger (ver aparte). Los letrados coincidieron en que el magistrado ya tiene tomada una decisión sobre la situación procesal, aunque evitaron especular sobre la misma. Durante la breve audiencia, Urso y Stornelli se enfrentaron nuevamente a la negativa de Menem a responder preguntas. Y debieron conformarse con un escrito de nueve carillas en el cual el ex mandatario efectuó un descargo. No obstante, Menem dirigió algunas palabras a los investigadores para lamentar que "estén tirando por la borda tantos años de sacrificio". El ex presidente subrayó una y otra vez que no hay evidencias en su contra, negó toda responsabilidad en el caso y adelantó que podría introducir un planteo de nulidad, porque el juez adelantó "en forma intempestiva" su indagatoria (inicialmente fijada para el 13 de julio) y, en la audiencia del 7 de junio, lo dejó preso bajo el cargo de "jefe" de una asociación ilícita, cuando, en realidad, lo había citado a declarar como miembro de la supuesta banda. También contó que "cada decreto fue un pedido de autorización para la venta de armas, que se inicia en la Dirección General de Fabricaciones Militares (FM)". Asimismo, el ex jefe del Estado descalificó varios de los últimos testimonios incorporados al caso y que forman parte de la prueba en su contra. Tildó de "sibilina" la acusación de Juan Bautista Tata Yofre, "quien fuera mi embajador en Panamá", y atribuyó a su ex esposa, Zulema Yoma, y al ex coronel carapintada Mohamed Alí Seineldín una "conocida animadversión hacia mí". Además, definió como "mentiroso relato" a la declaración del ex subsecretario de Estado Esteban Caselli. Frente a la sede judicial, manifestantes entonaron la marcha peronista que, junto a la voz del desaparecido Hugo del Carril, se reproducía desde un vehículo con altoparlantes. Y hubo insultos para Urso. El ex mandatario, en tanto, dejó por unas horas su encierro en la finca propiedad de Armando Gostanián, y fue llevado y devuelto de los Tribunales en un helicóptero de la Policía Federal en el que también viajó Cecilia Bolocco, con quien Menem contrajo matrimonio hace exactamente un mes. En el escrito, Menem se quejó porque el juez postergó, con el nuevo llamado a indagatoria, su pronunciamiento sobre la responsabilidad del ex presidente, lo cual "prolonga en el tiempo esta injusta detención que sufro". Además, dejó en claro que "mi presencia aquí en modo alguno implica una convalidación de actos procesales irregulares", entre los cuales incluyó su arresto como supuesto jefe de una asociación ilícita. Menem dijo que el ex interventor de Fabricaciones Militares Luis Sarlenga "ni remotamente" lo acusó, y aseveró no haber formado parte de "los que sabían". Sostuvo, también, que se ignoró el manejo que ostentaba el ex funcionario. "Quien introducía la documentación falseada era quien realmente motivaba y originaba la utilización ilícita de una legítima autorización, mañosamente obtenida y que luego era usada para desviar el armamento", explicó al referirse a los decretos. Y agregó: "Se olvida el poder real de Sarlenga. Ante él se presentaba el pedido de compra (de material bélico) y, obtenido el acuerdo de la comisión (integrada por los ministerios de Economía, Relaciones Exteriores y Defensa), era quien armaba el expediente" que luego culminaba con la firma de los decretos. "No hay forma alguna de sindicarme con la responsabilidad que me atribuye la Fiscalía en empeñosa y exagerada tarea, en un claro afán de perjudicarme y que no logro explicar", sentenció Menem. Por último, el ex jefe del Estado afirmó que la Cámara Federal porteña, que el 4 de abril pasado ordenó investigar a la cúpula del último gobierno, "cometió un grueso error". En los próximos días, Urso deberá resolver si dicta el procesamiento y la prisión preventiva del ex presidente, o si considera que no hay mérito para esas medidas.
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