Seineldín entregó nuevas pruebas al juez de la causa

El ex coronel Mohamed Alí Seineldín, quien purga condena a cadena perpetua por el alzamiento carapintada de 1990, presentó ayer una serie de pruebas al juez federal Jorge Urso y pidió que los jefes de las unidades de Arsenales del Ejército Argentino que prestaron servicio entre 1991 y 1995 sean convocados a declarar en el marco del proceso por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia.
"Las pruebas están relacionadas con el tráfico de armas", aseguró el abogado Osvaldo de Paula, representante de Seineldín, y añadió que las evidencias "agravarían la situación" del ex presidente Carlos Menem "y de otras personas que están siendo investigadas, por ejemplo, el general (Martín) Balza".
Las "nuevas pruebas" suministradas al juez llegaron a manos de Seineldín a través de "militares que conocen el tema", indicó De Paula, quien dijo a la prensa que también se pidió el interrogatorio a jefes castrenses que, entre 1991 y 1995, tuvieron responsabilidad sobre el traslado de material bélico de los arsenales del Ejército, así como su ingreso y baja de las unidades.
Paralelamente el representante del ex coronel preso radicó una denuncia contra Menem ante el fiscal federal Carlos Stornelli, para que se investigue si hubo riesgo contra la seguridad de la Nación a raíz de los envíos clandestinos de armamento a países en guerra.
De Paula dijo que la presentación fue enmarcada en una presunta "violación al artículo 219 del Código Penal", aplicado en este caso a la situación de médicos y enfermeras que fallecieron durante su participación de la misión argentina como fuerza de paz en Bosnia-Herzegovina, durante la guerra independentista.
El artículo en cuestión sanciona con prisión de 1 a 6 años a quien "por actos materiales hostiles no aprobados por el gobierno nacional diere motivo al peligro de una declaración de guerra contra la Nación, expusiere a sus habitantes a experimentar vejaciones o represalias en sus personas o en sus bienes, o alterare las relaciones amistosas del gobierno argentino con un gobierno extranjero".
El ex canciller Guido Di Tella, procesado en la causa que instruye Urso, fue acusado tiempo atrás por Stornelli de alterar las relaciones de la Argentina con Perú como consecuencia de las exportaciones clandestinas de armas a Ecuador en plena Guerra del Cóndor. Pero esa acusación no prosperó.