Para frenar a los padres que pretenden hacerse los distraídos con sus hijos, el Concejo está debatiendo por estos días la implementación del Registro Municipal de Deudores Alimentarios Morosos. De aprobarse esta normativa, quienes figuren en esta lista no podrán recibir habilitaciones comerciales, licencias de conducir, ni ser nombrados funcionarios públicos, entre otros impedimentos. Para considerar la realización de este registro, en agosto se hará una audiencia pública en el Concejo en la que participarán el gobierno provincial, municipal y entidades no gubernamentales. Un proyecto similar ya tiene media sanción de Diputados. Según estadísticas nacionales, los hijos de padres separados quedan a cargo de las madres en el 95 por ciento de los casos. Y dentro de este porcentaje, hay un 70 por ciento de mujeres que recurren a la Justicia para que sus ex esposos le pasen las cuotas alimentarias a sus hijos. Este escenario posibilitó el debate para la creación de un registro, "que no actúe como un método condenatorio, sino como una herramienta concientizadora". Así lo expresó la concejala frepasista Susana Bartolomé, autora de uno de los proyectos que se se suma a otras iniciativas como las presentadas por la edila justicialista Marta Rubeo y de una organización no gubernamental, entre otras. En el registro propuesto se incluiría a los padres que adeuden tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternadas, ya sean de alimentos provisorios o definitivos, homologados por sentencia firme. A nivel provincial, el terreno también parece abonado para este tema a partir de un proyecto de la diputada radical Adriana Tate, que ya tiene media sanción en la Legislatura. En la iniciativa se destaca que, para que se logre la baja en el registro, los jueces impondrán una multa de hasta el diez por ciento mensual del monto adeudado. Además, establece que todo padre al cual se le constate una deuda alimentaria tampoco podrá solicitar un crédito, y mucho menos pedir asistencia financiera a un organismo provincial. Los registros de deudores alimentarios ya existen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde mayo de 2000, y se aprobó en general un proyecto para extender esta lista a nivel nacional. En otras provincias como Chaco, Río Negro y Neuquén, la ley sigue esperando su reglamentación.
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