Otra vez la conflictividad social domina los acontecimientos e incluso da origen a hipótesis sobre aparición de grupos de acción directa que aprovechan el descontento, que se extiende en lugar de amortiguarse. O que comienzan a expresar como de neoguerrilla la protesta. Esto configuraría, en la lógica de la idea, que el país se aproxima a escenarios como los de la década del 70. O como cree el gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, que al menos esa provincia se colombianiza y requeriría militarizar la respuesta, una oferta temible.
Romero no debutó ahora con su afirmación de la presencia de una patrulla de las Fuerzas Armadas Colombianas (Farc) en el monte cercano a General Mosconi, donde la muerte se ha convertido en compañera inseparable de las protestas populares y de la represión de la Gendarmería, que tuvo también sus víctimas en los duros hechos de los últimos días. En rigor, el gobernador de Salta tiene hace rato en mente esa hipótesis. Con su par del Tucumán, Julio Miranda, hizo una gestión ante el embajador de los EEUU, James Walsh, para que su país diseñe una suerte de Plan Argentina contra el narcotráfico, remedo del que Bill Clinton impulsó para Colombia. La idea de Romero, y por lo que se sabe de Miranda y del jujeño Eduardo Fellner, es que el Plan Colombia desplazará hacia el sur a los narcos, y en este punto las provincias norteñas están sumamente involucradas. Así se sostiene en un documento que Romero entregó al diplomático, donde incluso se plantea que "la crisis reinante en Tartagal y Mosconi por los continuos cortes de ruta plantea un escenario que tácticamente se podría denominar como zona liberada". Dicho de otro modo, los reclamos de la gente serían funcionales al narcotráfico, porque obligarían al despliegue de fuerzas de la Gendarmería fuera de su misión especifica: cuidar los pasos fronterizos para evitar el tráfico innombrable, una hipótesis que escuchó con interés en su momento el entonces ministro del Interior Federico Storani y que estos días repiten voces de la Side.
El embajador Walsh, que habla un español fluido, negó que en la charla se haya hablado de una suerte de Plan Colombia para la frontera argentino-boliviana y extendió el desmentido ante la Cancillería. De todos modos, quedó pendiente el interrogante sobre el objetivo que tuvo el mandatario salteño para instalar la idea; si lo hacía por propias lucubraciones, compartidas por sus dos socios en esa aventura, o si era portavoz de personas que en los EEUU tienen mucho interés en militarizar la lucha contra el narcotráfico y que operan, en ocasiones, al margen de los canales diplomáticos habituales. En el Ministerio de Defensa se piensa que la idea no pasaría la mínima compulsa parlamentaria, pero en las FF.AA. hay una corriente que simpatiza con la idea. Una fuente confió que el actual jefe del Ejército, teniente general Ricardo Brinzoni, es un férreo opositor a involucrar a la fuerza -donde un teniente recibe 400 pesos de salario- en semejante faena, primer paso para modificar de cuajo el futuro del país.
Extraños encapuchados
Pero el gobernador salteño insiste y su enfoque sobre la conflictividad en zonas de su provincia podría explicar un ánimo de mantenerlas latentes, vista la escasa propensión a encontrar soluciones a largo plazo para la marginalidad y la desocupación dejada por el alejamiento de la actividad petrolera luego de la privatización de YPF, que convirtió en un erial lo que antes era, si no un vergel, un lugar de futuro para los pobladores. El jueves, al concluir una larga caravana impulsada por la CTA y la Corriente Clasista y Combativa en protesta por los hechos salteños, sorprendió la irrupción de un grupo ajeno a los organizadores que hizo trizas algunas cabinas de Telefónica Argentina y causó daños cuantiosos en oficinas de intereses españoles, blanco estos días de un súbito odio a lo ibérico. No es la primera vez que el anónimo escuadrón encapuchado se entromete en manifestaciones de esta naturaleza, e incluso en alguna que organizó la Izquierda Unida. La respuesta espontánea de los dirigentes de la caravana de desocupados es atribuir al gobierno la manipulación de los encapuchados, que, está corroborado, no fueron molestados por la policía.
Desde diciembre de 1999 hubo siete muertos como consecuencia de los cortes de puentes o rutas y la acción de la Gendarmería para garantizar el paso del transporte y personas. Hasta ahora, ni los jueces ni las pesquisas policiales han dado con los autores de esos crímenes, lo que da aire a las interpretaciones más diversas. Los servicios secretos sostienen que en los últimos sucesos salteños hubo francotiradores expertos. Las balas que ingresaron a los cuerpos de los gendarmes fueron lo suficientemente por arriba y por debajo de los chalecos antibalas, para advertir, no para matar, dicen. Y que heridos civiles en una de las refriegas fueron curados "en tiendas de campaña en el monte". Otra vez, por otro lado, la idea de un asentamiento de un grupo armado que el jefe de la Gendarmería dice no poder rastrear para no poner en riesgo la vida de los campesinos, una delicadeza que no se compadece con la gravedad de la información ni con la practica de los uniformados: a la pesca de cabecillas de la protesta, no trepidaron en romper a patadas las puertas de muchas viviendas.
Los servicios secretos envían partes de inteligencia a las autoridades dando cuenta de la detención de un gendarme cesanteado por participar, con otros dos ex uniformados buscados, de la balacera y que detectan en las cercanías de los acontecimientos elementos heterogéneos de los años 70. ¿Los gendarmes complicados son personas irritadas o funcionales a algún proyecto? Se dice también que ex carapintadas se agrupan en esa patrulla. Hay -añaden los partes- armamento en poder de desocupados, no sólo en Salta, sino que fueron detectados antes en el corte de La Matanza. No es improbable que eso esté ocurriendo y que la desesperación genere situaciones indeseables. El Ministerio de Trabajo asegura que los planes de asistencia, 400 mil pesos, han sido cumplidos, pero no consiguen explicar el porqué de la ira, salvo dar noticias de rencillas entre dirigentes de los piqueteros como parte de internas dentro del justicialismo salteño. Ninguna de esas versiones dan cauce a la aplicación de planes para activar la zona y comenzar a apuntalar soluciones a largo plazo. No falta en el oficialismo la teoría de que el menemismo busca hacer ingobernable el país para forzar a un acuerdo político que incluya la futura suerte de su jefe.
Informes que alarman
En la provincia de Buenos Aires está latente la profundización de la conflictividad social. "En mi distrito ya empezaron los saqueos", advirtió el jefe comunal de José C. Paz, Mario Ishii, y el gobernador Carlos Ruckauf les dijo a los intendentes peronistas que tiene informes alarmantes. El Banco de la Provincia carece de dinero para el pago del medio aguinaldo y su titular, Ricardo Gutiérrez, reconoce que sus cuentas están en rojo. Con esa perspectiva, el gobernador fue a conversar extensamente con el presidente y logró un auxilio. Pero los males de su provincia, como los de la mayoría, son consecuencia en lo fundamental de las dificultades que tiene Domingo Cavallo para reactivar la economía. El paquetazo conocido hace dos viernes, en el mayor sigilo, no cayó mal aquí, lo que es clave. Pero entre que la disminución de impuestos aliente el consumo como factor reactivador y que los planes de competitividad puedan mostrar que son viables, hay un largo trecho, no antes del último trimestre, que en la vida de las personas sencillas es una eternidad.
En Wall Street, la primera lectura fue que el camino de la devaluación comenzó y que esto significaba que el virus de la desconfianza en Cavallo empezó a introducirse en las cabezas de los que toman decisiones sobre invertir o no, comprar o no bonos en la Argentina. Un hombre de un poderoso grupo local intenta otra consideración: "No se crece porque hay un problema político y se llama De la Rúa". El politicólogo Rosendo Fraga arriesga que no menos de 200 puntos del riesgo país son atribuidos a los "ruidos políticos" que genera un presidente con un sistema de decisión lento y perturbador, criterio que Cavallo escuchó de boca de sus colaboradores. Uno de ellos recuerda que Carlos Menem dejaba en manos de sus colaboradores la aprobación de la firma de los decretos de rutina, pero "De la Rúa quiere leer cada uno de ellos".
Con todo, la percepción de los círculos financieros de Nueva York es que, con el ingreso de Cavallo, el país gana en gobernabilidad y que la tasa de riesgo, si tiene algún componente extraeconómico, es la difícil situación social; no está hoy en el análisis la salud ni la falta de liderazgo presidencial.
Alfonsín en acción
Pero en el aire tibio hay olor a menta. El presidente y Raúl Alfonsín pasaron el miércoles -en un Olivos lejano de terceras miradas y oídos- revista a la situación política. El jefe radical tiene en mente un relanzamiento de la Alianza que lo devuelva a las fuentes liminares que le permitan tener un papel diferenciado en las elecciones de octubre, que, aunque se proclame lo contrario, abruma al oficialismo. "No se trata de quitarle poder político al presidente", cuenta alguien que conoce este tipo de encuentros, más habituales de los que trascienden, "pero aunque dice a todo que sí, en la práctica sigue en la misma". Alfonsín le llevó una lista de quejas: no le gusta el avance del ministro de Infraestructura, Carlos Bastos, sobre los entes reguladores; es decir que los cambios que él y otros integrantes de la coalición quisieran van a ir por otro sendero, en beneficio de las empresas privatizadas, sostienen. Tampoco le agrada al ex presidente que el ministro de Salud, Héctor Lombardo, vaya sobre el Pami "porque va a hacer lo que le diga Cavallo y agravará la situación. Son 23 mil millones de pesos en juego", comenta la voz competente.
La idea fundamental de Alfonsín es política. Quiere que sea el presidente el que adopte las decisiones, "que las tome, que no dude" en el rumbo económico, para poder salir del marasmo. Y que acepte el disenso que vendrá desde la Alianza. Busca un cierto acuerdo, no está claro cómo se implementará; y si es posible "70% no" -advierten los que conocen la cosa- con Elisa Carrió, en la Capital Federal y la provincia más grande. Que la diputada nacional será candidata, no parece ahora generar dudas. Un integrante de la comisión sobre Lavado de Dinero dijo a este diario que habrá dictamen en no más de 45 días. Es decir que Carrió queda despegada de cualquier declaración anterior negando su pretensión a ser senadora nacional.
Nunca como ahora una mujer esta siendo tan cortejada. No solamente Alfonsín, sino Aníbal Ibarra, que desplazó al chachismo del distrito porteño, buscan combinar lo que ahora no parece posible. La legisladora escucha, no esconde sus pretensiones presidenciales: debe medir si le conviene o no para ese objetivo ser hoy sancionada por la UCR. De lo que decida, las próximas semanas son claves para el futuro electoral de una Alianza desflecada por las migraciones hacia Carrió de sectores cada vez más ponderables del Frepaso, camino a ser una sombra de lo que fue.
La Ciudad
