Jorge Salum
Cambiar algo para no cambiar nada. Este es, según los especialistas, el verdadero espíritu de la reforma parcial del Código de Procedimientos Penales de la provincia. Dicho de otro modo, los cambios modificarán algunas cuestiones de forma y otras de práctica, pero en el fondo los procesos penales seguirán siendo como hasta ahora: lentos, eficaces sólo hasta cierto punto, burocráticos, escritos y secretos.
Hasta los autores intelectuales del proyecto que se discute en la Legislatura lo admiten. Y ellos lo saben por más de un motivo: porque son quienes redactaron -hace ya tres largos años- las reformas y además porque son jueces, es decir quienes tendrán que cumplir y hacer cumplir las normas que establezca el nuevo código.
¿Por qué entonces suscribieron un borrador que después la Subsecretaría de Justicia hizo suyo? Los padres de la idea lo explican en términos simples: "Queríamos hacer una transición hacia una reforma más profunda y completa, sin grandes costos para la provincia y modificando algunas cuestiones muy urgentes". El objetivo no se cumplió por más de un motivo y porque el tiempo paa esa transición ya se agotó hace mucho y hoy se necesitan cambios definitivos.
Si la intención de los reformistas y del poder político es buena, la voluntad de meter el bisturí a fondo en el viejo y desactualizado código santafesino parece inexistente o al menos muy minoritaria. Pero no se trata sólo de no querer sino también de no poder: cualquiera sabe que una reforma a fondo costaría mucho dinero, y hoy no hay políticos, ni administradores, ni expertos en ciencias penales que estén dispuestos a decirle a la gente que eso es tan necesario como otras cuestiones igual o todavía más urgentes.
Por eso, lo importante es no vender como oro algo que ni siquiera llega a ser plata, por más que las intenciones sean buenas y por más que algo, aunque sea muy poco, termine cambiando.
| |
La Ciudad
