El ex presidente Carlos Menem recibió ayer a gobernadores del Frente Federal Solidario en la finca donde cumple arresto domiciliario por orden del juez federal Jorge Urso, quien no contaría con evidencias suficientes para procesar al ex mandatario como "jefe" de una asociación ilícita que habría traficado armamento a Ecuador y Croacia.
Si bien fuentes judiciales sostienen que Urso dictaría el procesamiento y la prisión preventiva de Menem antes del próximo 26 de junio, otros voceros con acceso al expediente aseguran que no existirían pruebas fehacientes para atribuir al ex presidente el rol de "jefe" de una supuesta banda que exportó toneladas de armas a países en guerra entre 1991 y 1995.
"Nadie ordena el arresto de un ex presidente para luego dejarlo en libertad por falta de mérito", razonó un funcionario de los Tribunales federales de Comodoro Py 2002. Urso tampoco podría procesar a Menem por un grado menor al de "jefe" de asociación ilícita, ya que su ex cuñado y ex asesor Emir Yoma irá a juicio como "organizador" de la banda.
Cualquier decisión que adopte el juez, obviamente, será apelada por alguna de las partes, y así la suerte procesal de Menem será en verdad definida, en principio, por la Sala II de la Cámara Federal porteña, que enderezó la causa hacia "las más altas autoridades" de la última administración justicialista.
Sin embargo, los camaristas Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Luraschi podrían objetar una resolución de Urso si ésta no se sustenta en pruebas sólidas, aseguran los voceros.
En los próximos días la Cámara deberá decidir si declara o no admisible el recurso extraordinario que presentará la defensa del detenido Yoma para llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia.
Pedido de revocatoria
Los abogados Mariano Cúneo Libarona y Zenón Ceballos pedirán que se revoque la resolución mediante la cual la Cámara confirmó el procesamiento y la preventiva que Urso dictó contra Emir, preso desde hace dos meses.
Las evidencias contra Menem se agotarían en la firma de los cuatro decretos del escándalo, en la confesión del ex interventor de Fabricaciones Militares (FM) Luis Sarlenga y en la confirmación del ex subsecretario de Estado Esteban Caselli respecto de que el presidente evitó cambiar la conducción de FM.
"Sólo en la inteligencia de un compromiso adoptado al más alto nivel de los órganos decisorios intervinientes es posible entender la cadena de silencios y la cómplice pasividad frente a los numerosos avisos del embajador argentino en Belgrado, los graves informes internos de la Cancillería, las ingentes investigaciones del Ministerio de Defensa" sobre la provisión de armas argentinas a Croacia, dijo el fiscal Carlos Stornelli.
Señaló, además, que hubo "concretos informes de los militares peruanos, involucrando a nuestro país en la triangulación de material bélico con destino a regiones en conflicto".
Mientras tanto, Menem recibió en la finca de Armando Gostanián a los gobernadores peronistas Angel Maza (La Rioja), Rubén Marín (La Pampa), Julio Miranda (Tucumán), Adolfo Rodríguez Saá (San Luis) Juan Carlos Romero (Salta), Gildo Insfrán (Formosa), Eduardo Fellner (Jujuy) y Ramón Puerta (Misiones).
"Venimos a saludar al presidente del partido, al amigo y al compañero", manifestó Rodríguez Saá antes de ingresar a la casa donde Menem pasa sus días de prisionero junto a su nueva esposa, Cecilia Bolocco.
Los gobernadores se alejaron de la quinta sin formular declaraciones a la prensa luego de permanecer en el interior de la propiedad durante una hora y media.
Los mandatarios provinciales se retiraron a las 20.30, media hora antes del límite que fijó el juez Urso para la autorización de las visitas a Menem.
La Ciudad
