El juez federal Jorge Urso pidió ayer informes sobre la situación patrimonial y económica del detenido ex presidente Carlos Menem, de sus hermanos y de su hija Zulema María Eva, confirmaron fuentes tribunalicias. En ese contexto, el secretario de Industria y ex viceministro de Economía, Carlos Sánchez, consiguió ayer un aplazamiento de la audiencia en la que será indagado por el contrabando de armas y pólvora, en tanto Menem, que lleva cinco días bajo arresto domiciliario, planea recurrir a la Justicia internacional si no prosperan los planteos que la defensa presentará en los Tribunales nacionales.
Pese al hermetismo imperante en la causa trascendió que, a esos fines, el magistrado libró oficios a los Registros de la Propiedad para conocer bienes a nombre del ex jefe del Estado, de sus hermanos Eduardo, Amado Calixto y Munir, y de Zulemita.
Inmuebles, automotores, buques, cuentas corrientes en el país o en el extranjero, plazos fijos, cajas de seguridad, tarjetas de crédito (desde 1990 hasta la fecha) estarán bajo la observación del magistrado que investiga la venta ilegal de armas al exterior. También se reclamó a la totalidad de los colegios de escribanos del país que informen sobre escrituras "o todo acto protocolar o extraprotocolar de contenido patrimonial" respecto del ex jefe del Estado, sus hermanos y su hija.
El magistrado libró, además, un exhorto a Montevideo para que indique las sociedades "de las que formen o hayan formado parte los mencionados".
Además, la Caja de Valores deberá informar si tuvieron o tienen acciones o títulos a su nombre y la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) tendrá que acompañar copias de las declaraciones juradas de impuestos.
Urso espera respuesta, además, de un requerimiento a los registros de la propiedad inmueble para que se indique quién o quiénes son los titulares de las fincas de Echeverría 3535, y de Avenida del Libertador 2423, piso 15, de Capital Federal; y de Monte Grande 1300, de Martínez.
Finalmente, libró un oficio al director de la Receptoría General de Expedientes, de San Isidro, "a fin de requerirle se disponga lo necesario para que informe dónde tramita o tramitó el expediente de divorcio" entre Menem y Zulema Yoma".
En lo que hace a Carlos Sánchez, secretario de Industria y ex viceministro de Economía, consiguió ayer un aplazamiento de la audiencia en la que será indagado por el contrabando de armas y pólvora, en tanto Menem, quien lleva cinco días bajo arresto domiciliario, planea recurrir a la Justicia internacional si no prosperan los planteos que la defensa presentará en los Tribunales nacionales.
Mientras, el fiscal federal Carlos Stornelli interrogó nuevamente a Lourdes Di Natale, ex secretaria privada del detenido empresario Emir Yoma, una de las testigos que ha comprometido severamente a Menem y a sus ex colaboradores imputados en el presunto tráfico de armas a Ecuador y a Croacia.
También se supo que los abogados Mariano Cúneo Libarona y Zenón Ceballos, defensores de Emir, trabajan sobre dos ejes: uno destinado a demostrar que Yoma no pudo haber actuado como "organizador" de la supuesta banda que habría traficado material bélico a países en guerra, y otro orientado a desmoronar la figura de "asociación ilícita".
Menem, en cambio, espera preso en la finca de su amigo Armando Gostanián, en la localidad bonaerense de Don Torcuato, que el juez resuelva si lo procesa o le dicta falta de mérito. Todos apuestan a que correrá la misma suerte que Emir, su ex asesor y ex cuñado, por lo que la misión de la defensa por estos días es la de sumar argumentos y jurisprudencia para obtener un fallo de Corte que declare que el caso no es justiciable.
Visitas restringidas
Los abogados del riojano Oscar Roger y Cavagna Martínez le solicitaron ayer por la mañana a Urso restringir los horarios y el tipo de visitas que recibe Menem para que no se consideren esos encuentros como políticos y por ello violatorios del arresto domiciliario.
Respecto a Sánchez, secretario de Industria, consiguió que el juez Julio Speroni, del fuero Penal Económico, le concediera una postergación de la audiencia en la que será indagado bajo el cargo de contrabando agravado.
El funcionario, que ya fue procesado por Urso por su presunta participación en la venta de armas, había sido convocado a declarar hoy, pero finalmente la indagatoria fue diferida para el 21 de junio.
La Ciudad
