La Cámara Penal de Rosario ordenó al Ministerio de Gobierno de la provincia que reubique a los casi cien reclusos que tiene amontonados en dos comisarías de la ciudad, y hasta puso un plazo para que esto se cumpla: diez días a partir del momento que las autoridades de la cartera política se notifiquen de esta decisión. Pero no es todo: también le pasó la pelota a la propia presidencia de la Cámara, a quien pidió que le exija al gobierno el cumplimiento de esta decisión.
El nuevo destino de los detenidos deberá ser un lugar que permita un trato "digno y humano" de los internos, algo que para los jueces de la Cámara no se cumple en los sitios donde están alojados en este momento. La resolución responde a un pedido de los propios presos e incluye una severa advertencia a una jueza de primera instancia, que en su momento admitió las condiciones infrahumanas de su detención pero no hizo nada para modificarlas.
Este último punto era interpretado ayer como una advertencia a todos los jueces, que son quienes están a cargo de los detenidos alojados en las comisarías.
La resolución de la Sala III de la Cámara Penal reinvindica el derecho de las personas privadas de su libertad de conservar su dignidad, aún cuando se trate de gente que ha violado la ley, y describe con crudeza la histórica ausencia de políticas de Estado de los gobiernos provinciales para brindar soluciones a la crisis carcelaria.
Pero al fin y al cabo los tres camaristas de la Sala no hacen sino conceder un hábeas corpus correctivo que la jueza Susana Portilla de Pigliacampo rechazó hace apenas días. Pigliacampo admitió en su resolución la grave situación denunciada por los reclusos de las seccionales 16ª y 18ª hace ya dos meses, pero no tomó medidas con el argumento de que esa tarea es responsabilidad exclusiva de las autoridades gubernamentales. Para sus colegas de la Cámara, en cambio, debió ocurrir todo lo contrario.
Ayer, la situación en las dos seccionales (16ª y 18ª) continuaba siendo casi desesperante tanto para los internos como para los policías, que están obligados a hacer las veces de guardiacárceles: en la primera había 52 detenidos y en la otra 40.
Tal como dijo el camarista Otto Crippa García, esto prácticamente multiplica por cuatro la capacidad de los calabozos y obliga a los detenidos a sobrevivir como pueden en condiciones prácticamente infrahumanas: deben turnarse para dormir, o dormir sobre el suelo por falta de colchones y ropa de cama, con controles sanitarios mínimos o directamente inexistentes, afectados por la falta de limpieza y "muy probablemente" mal alimentados. "En estas condiciones es casi imposible hablar de dignidad", dijo la Cámara.
Urgente, pero no tanto
Los detenidos presentaron los hábeas corpus en marzo, patrocinados por la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC). Aunque se trata de un recurso que merece tratamiento urgente, la jueza Pigliacampo se tomó un mes y medio para pedir informes a las comisarías 16ª y 18ª, estudiarlos y finalmente dictar una resolución. Su decisión se conoció la semana pasada: rechazó el pedido de los reclusos y dijo que no le correspondía a ella corregir algo que es responsabilidad de las "autoridades administrativas" del Estado, a quienes se limitó a informarles sobre la situación de ambas seccionales.
Pero los reclusos no se quedaron de brazos cruzados y apelaron. Y el fiscal José María Peña estuvo de acuerdo con ellos.
Para los camaristas que dictaron la resolución, el ingreso de una persona a un lugar de detención no la despoja de la protección de las leyes, de la Constitución Nacional y de todos los pactos internacionales a los que ella adhiere. "Ningún habitante de la Nación puede ser privado de su dignidad humana, aunque su conducta haya sido reprobable y aún cuando se encuentre cumpliendo una pena privativa de la libertad", dijeron los jueces en un durísimo pronunciamiento.
Para los magistrados, en los casos de las seccionales 16ª y 18ª está claro que se dio una "agravación ilegítima de la forma y las condiciones" de detención de los reclusos, algo que de por si justifica la intervención de la Justicia. Por eso ordenaron al Ministerio de Gobierno que los reubique en otros sitios.
Las dos resoluciones -una por cada hábeas corpus- fueron unánimes y llevan la firma de Crippa García, José Manuel Ravena y Ernesto Martín Navarro.
La Ciudad
