El jefe del Ejército, general Ricardo Brinzoni, y otros 31 militares, gendarmes y policías fueron denunciados ayer en la Justicia federal de Chaco por la Masacre de Margarita Belén, donde 22 presos políticos arrancados de la cárcel murieron ejecutados en forma sumarísima.
La querella solicitó al juez federal Carlos Skidelsky que resuelva la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida -como en marzo hizo su par porteño Gabriel Cavallo- para investigar la matanza del 13 de diciembre de 1976 y llamar a indagatoria a quienes habrían participado.
Entre los denunciados figura el propio fiscal del juzgado donde se radicó la querella, Carlos Flores Leyes, quien deberá inhibirse en esta causa. El hoy fiscal era secretario del Juzgado Federal en 1976, cuando a los hábeas corpus presentados en su despacho por familiares de los desaparecidos no les habría dado curso, según denuncias de organizaciones de derechos humanos.
Fuentes judiciales confirmaron que Flores Leyes se apartará de las actuaciones y será reemplazado por el fiscal subrogante, Jorge Auat, el mismo que requirió hace dos semanas la citación en calidad de testigo de Brinzoni, después de que el militar reconociera que la matanza "no fue un enfrentamiento sino un fusilamiento encubierto".
El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) se constituyó en querellante y su presidente, Horacio Verbitsky, hizo la presentación en el juzgado, acompañado por la diputada nacional Elisa Carrió (ARI-Chaco), el ex senador peronista Adam Pedrini y el titular de la filial chaqueña de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Rubén Acosta.
La querella por los supuestos delitos de "homicidio agravado, privación ilegal de la libertad agravada, desaparición forzosa, y torturas" abarca como imputados a 32 uniformados, entre otros, al ex interventor de facto en Chaco durante la dictadura general Antonio Facundo Serrano; el ex ministro de Gobierno coronel José Zucconi; el ex jefe de la Séptima Brigada del Ejército general Cristino Nicolaides; el ex jefe del área 233 de la Guarnición Militar 7 teniente Alcides Larrateguy, y los ex jefes de la policía chaqueña comisario Carlos Ceniquel, y de Investigaciones de esa fuerza comisario Carlos Thomas.
Brinzoni era por entonces el virtual número dos de Zucconi, desempeñándose al frente de la estratégica Secretaría General de la Gobernación de facto en Chaco.
Skidelsky tiene una causa sobre la matanza, pero que está archivada desde los 80 por las leyes de punto final y obediencia debida, y derivó en un proceso no penal en busca de la verdad.
Algunos testimonios, según las fuentes, aseguran que Brinzoni habría integrado el pelotón militar que sacó a las víctimas de los centros de reclusión por la noche, con la excusa de trasladarlos a otra unidad penal.
Los hechos
La versión oficial del Ejército decía que los 22 presos, militantes de la Juventud Peronista y de la izquierda, intentaron escapar en dos vehículos ayudados por un comando paramilitar que atacó al convoy del Ejército que los transportaba supuestamente hacia Formosa.
Sin embargo, investigaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados demostraron que las víctimas fueron recogidas inconscientes -después de ser torturadas- de la prisión clandestina que funcionaba en la ex Dirección de Investigaciones de la Policía, de la Alcaidía Policial y de la Unidad Penal Federal Nº7.
A la madrugada fueron trasladados por la ruta nacional 11 y justo a la altura de Margarita Belén -70 kilómetros al norte de Resistencia- fueron descendidos y colocados en dos automóviles particulares, un Peugeot 504 y un Renault 12, dentro de los cuales fueron acribillados con fusiles FAL.
A un cuarto de siglo de la matanza muchos cadáveres aún no han sido entregados a sus deudos -salvo los de diez víctimas- como en el caso de la mayoría de las personas secuestradas durante la dictadura, según los familiares. Sólo se identificaron los cuerpos de 17 hombres y dos mujeres.
El propio Brinzoni, el 6 de mayo pasado en entrevista con el diario Norte, por primera vez desmintió la versión oficial del enfrentamiento que siempre había sostenido el Ejército y en cambio aseguró que "fue una operación militar para eliminar delincuentes terroristas".
También confió que había creído la historia oficial sobre el intento de fuga, la cual había conocido por boca del entonces coronel Zucconi, pero detalló que en 1980 empezó a escuchar versiones en contrario, investigó por su cuenta hasta concluir, señaló, "que aquello fue un fusilamiento encubierto de detenidos".
El fiscal Jorge Auat solicitó al juez Skidelsky que citara a Brinzoni a declarar como testigo. El magistrado hizo lugar al requerimiento del fiscal y emitió la respectiva cédula de citación de Brinzoni, el pasado lunes 14.
El pasado miércoles 23, la Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad y sobre tablas, un proyecto de resolución pidiendo al gobierno nacional que solicite explicaciones a Brinzoni sobre todo lo que sabe de esa masacre.
La Ciudad
