Apenas nos dimos cuenta pero esta semana comenzó a producirse una pequeña mejoría en el "riesgo-país", doloroso síntoma de una enfermedad terminal que estuvo a punto de tronchar nuestras esperanzas. Antes fue el "blindaje" de 39.700 millones ahora es el "megacanje" de 29.000 millones, gracias al cual podremos aspirar una bocanada de aire. Estas formidables ayudas llegaron "in extremis" y nos permitieron evitar el colapso económico. Es cierto que su costo será terrible, porque nada es gratis y menos cuando el deudor se comporta como necio, pero el salvataje permitirá al gobierno ganar tiempo y comprar aire.
Durante cuatro años dejaremos de ser apremiados por los acreedores, pero los vencimientos postergados se acumularán a partir del 2005 a un alto costo. Si fuera posible, la solución óptima consistiría en que para esa fecha todos los que no vivimos de la política, nos vayamos a vivir a otros países, dejando en solitario a la clase política para que junto con sus asesores, ñoquis y parientes, se hagan cargo de amortizar la astronómica deuda que hoy nos dejan.
Aparte de este escape imposible, los ciudadanos honestos tenemos el derecho de plantear una pregunta contundente: ¿cómo es posible que los políticos quieran convivir con el fracaso y admitan el desprestigio sin mostrar la mínima reacción para enmendarse y cambiar de vida? Trataremos de explicar que ello se debe a la fatal ignorancia con que conciben la política económica.
Política permisiva
Durante el gobierno menemista la política económica fue claramente permisiva, es decir prescindente de reglas morales y favorable a un grupo de operadores que Menem denominaba "empresarios exitosos". Ellos fueron los ganadores de un modelo que les otorgó graciosamente el gerenciamiento del poder económico nacional. La población entera aplaudió las ventas de empresas públicas sin comprender que lo importante no eran las privatizaciones sino establecer condiciones de competencia leal para que todos pudieran participar del juego del mercado. En su lugar, la política económica menemista excluyó a muchos y se dedicó a transferir las inoperantes empresas públicas a las manos de monopolistas privados sin forzarlos a competir. Los políticos participaron codiciosamente de estos formidables negocios y después del festín financiaron la ineficiencia del Estado con más gasto público y endeudamiento.
La política económica permisiva se basaba en el convencimiento de que el orden económico puede organizarse automáticamente por medio de fuerzas espontáneas de los monopolios internacionales a quienes se les regalan mercados y se les aseguran ganancias sin riesgos. De esta concepción de la política económica resulta un capitalismo no competitivo, sin reglas morales y con las peores consecuencias: concentración del poder económico, hiperdesempleo y aniquilamiento de la clase media.
Política paralizante
Después de la política económica del "laissez-faire" menemista, llegó Fernando de la Rúa. Transcurrieron dieciocho meses de gestión y los indicadores económicos empeoraron. El presidente, jaqueado por el miedo a la herencia recibida, exacerbó los problemas económicos designando como ministro al mismo funcionario que había convalidado la hiperinflación diez años atrás.
Paralizado por el terror de equivocarse, la política económica se estrenó con un desafortunado impuestazo que echó por tierra las ilusiones forjadas. En un año y medio el gobierno sólo pudo mostrar un estilo de conducción decepcionante: demorar decisiones, atender cuestiones partidarias, dudar de lo que debía hacerse y paralizar la acción. Así llegamos a la crisis del "default" y del "riesgo-país", que hubiese derribado a cualquier gobierno en un país menos vigoroso. El primer sacudón sísmico ocurrió en enero y fue parcialmente disimulado por el blindaje, que se dilapidó en pocos meses. El segundo remezón ocurrió recientemente obligando a mayores impuestazos y a un megacanje con altísimas tasas de interés y garantías de cobro privilegiado. Este fue el costo de una concepción paralizante de la política económica.
Política experimental
Después de la patética semana en que De la Rúa tuvo tres ministros de Economía, el presidente encontró la tabla de salvación en el hombre más recelado por su partido. Cavallo regresó al Ministerio y comenzó a actuar vertiginosamente, imprimiendo el sello de un estilo frenético para enfrentar los problemas sin dar ni pedir cuartel. Estas cualidades le permitieron salvar un gobierno agonizante.
Así entramos en la era de la política económica experimental, totalmente alejada del modelo menemista y que consiste en multiplicar políticas activas para experimentar medidas que parezcan destinadas a solucionar los problemas de a uno. El cambio fue asumido por el absoluto fracaso de la anterior política pero, aquí como en todos lados, la política económica experimental necesita de un nuevo tipo de ministro de Economía: el "experimentador", "hacedor", o "moderno arbitrista" que reparte premios y castigos. Para ejecutar los experimentos hay que multiplicar las medidas específicas, negociarlas sector por sector y adaptarlas a sus intereses. Ya no existe más la regla general, aplicable a todos por igual. Ahora se trata de la voluntad suprema de un funcionario que administra los superpoderes, atiende distintos grupos lobbistas y les concede o deniega el subsidio que salva, la ayuda que zafa o la exención que privilegia.
Esta política económica experimental significa el alejamiento del "laissez-faire" porque la dirección del proceso económico no está delegada en grupos monopólicos sino retenida en manos de un ministro que puede hacer y deshacer a tal velocidad que muchas veces los errores de un día son corregidos al día siguiente sin que nadie se dé cuenta de ello. Con la política económica experimental no es necesario apelar a la razón ni disponer de un plan económico, es suficiente tener buenas influencias y lograr la aquiescencia de quien administra los plenos poderes. En momentos de grave crisis ello puede ser insustituible pero por poco tiempo, porque corre el peligro de convertirse en una colosal improvisación.
Los privilegios dirigidos a promover a un grupo a expensas de otros terminan por generar una corrupción estructural ya que para conseguir ventajas los sectores comienzan a ofrecer sobornos o coimas para lograrlos.
Orden económico
Ahora que Cavallo ha conseguido parar el deterioro internacional del crédito público tiene cuatro años por delante. Sus buenas intenciones pueden lograr un fruto clamoroso si sabe dar un viraje radical y comienza a pensar antes de actuar. Para que su pasión por solucionar problemas tenga éxito, debe considerar que el problema fundamental de Argentina es crear un "Orden económico con responsabilidad social". No se trata de redactar miles de decretos, sino de pensar y actuar en términos de orden. No es fácil pero será decisivo. En primer lugar tiene que comprender la cuestión de la interdependencia de los órdenes. No puede desentenderse de lo que pase en materia de seguridad pública, de los cortes de ruta, de una Justicia lenta o sospechada, de las relaciones humanas en el seno de las empresas, del respeto a las Fuerzas Armadas y la neutralización de quienes pretendan destruir nuestro estilo de vida.
El orden económico está relacionado con el orden de la sociedad, con sus leyes, con las instituciones políticas y con el sistema impositivo. La teoría y la experiencia demuestran abrumadoramente que los órdenes social, jurídico, estatal e impositivo ejercen influencia tan decisiva sobre el orden económico que pueden paralizarlo. Así pues no hay una primacía de lo económico por encima de los otros órdenes sino una dependencia recíproca: la interdependencia de los órdenes. Sólo la coherencia y la interdependencia de estos cinco órdenes y la relación que ellos ejercen sobre el proceso económico hacen posible obtener efectos poderosos a partir de un punto.
Si Cavallo ahora se desentiende de este efecto potenciador de la política económica, puede ocasionar una verdadera explosión con medidas en apariencias correctas, sin que nadie advierta cómo se ha desencadenado. Sólo una política económica en la que todas las medidas laborales, penales, previsionales, impositivas, educativas, de seguridad, salud y justicia, se orienten a una decisión total podrán dominar los acontecimientos económicos y lograrán que se coordinen nuestros gravísimos problemas estructurales formando el pentágono mágico de la economía: pleno empleo, estabilidad en el valor de la moneda, crecimiento económico, equilibrio de la balanza de pagos y confianza internacional.