La rebaja de sueldos llegó al Ejecutivo bonaerense

El gobernador bonaerense, Carlos Ruckauf, se sumó ayer al gesto de austeridad promovido por otros mandatarios (entre ellos el santafesino Carlos Reutemann) al anunciar su decisión de "no percibir el medio aguinaldo de junio" y rebajar en un "10 por ciento" su sueldo y el de los funcionarios políticos.
Ruckauf calificó como "una nueva contribución de la política a la austeridad ante la actual crisis económica nacional" la medida que afectará su salario; el del vicegobernador, Felipe Solá, ministros, secretarios y personal "cuyo nombramiento sea político".
Una resolución similar fue adoptada anteayer por Reutemann y el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, quienes -a su vez- imitaron a sus pares de San Juan, Alfredo Avelín, y de Córdoba, José Manuel de la Sota.
El gobernador bonaerense dijo que su "prioridad deberá ser la política alimentaria para la niñez, la salud y la educación", en un comunicado distribuido por la Secretaría de Prensa de su gobierno.
Por otra parte, aclaró que "no rebajará el sueldo a los empleados públicos" de su provincia, y señaló que no despedirá masivamente al personal del Estado. "Es injusto para ellos", dijo al oponerse a "despidos masivos" del personal provincial, y recordó que opinó de igual manera "cuando cometió ese error el gobierno nacional. Es una medida profundamente recesiva".
Estos gestos son los primeros hechos concretos luego de que se instaló el debate en relación al excesivo gasto político en un contexto de agravamiento de la situación socioeconómica de la población y de fuerte restricción fiscal.
Atento a esta emergencia, el Lole, luego de anunciar que se rebajaba el 30% de su sueldo, dijo estar "convencido de que la política tiene que recomponer su relación con la sociedad" y que esa era una manera de comenzar.
Como telón de fondo de este debate está el compromiso asumido por el gobierno nacional para bajar el gasto en el interior, donde aparecen casos irritativos, como el de la Legislatura formoseña, con sueldos de 11.000 pesos por legislador, que se lleva una gran parte de su presupuesto estatal.
Otras provincias, como Córdoba, Neuquén, Catamarca, Jujuy, Tucumán, y las mencionadas San Juan y Santa Fe, comenzaron a aplicar un programa de recorte de fondos en la administración pública y en el aparato legislativo.