Casilda. - Después de tres años el Concejo casildense avaló por mayoría el ejercicio contable del ex intendente Carlos Muia durante 1997, cuando gastó más de 300 mil pesos de lo presupuestado para ese año. La decisión fue tomada luego de registrarse un empate en tres que definió el presidente del cuerpo, Daniel Lucci, al votar a favor del dictamen que impulsaron los ediles justicialistas Juan Bacalini, Juan Alonso y Pedro Sanitá en apoyo a la gestión anterior.
Los concejales radicales Fernando Sambrailo y Mauricio Plancich, así como el peronista Roberto Meli, se manifestaron en contra. Pese a la legitimidad de la posición que prosperó, las diferencias de criterio aún persisten, por más que esta cuestión parezca un tema cerrado. Lo que sucede es que la postura adoptada por el cuerpo legislativo no se condice con las críticas que despertó la gestión anterior cuando se convirtió en blanco de una auditoría contable que arrojó como resultado una serie de irregularidades administrativas que aún está investigando la Justicia.
Cuestionamientos
El manejo contable municipal de 1997 había sido objetado por los ediles tras detectarse un desfasaje en 43 partidas. Eso significó destinar casi 613 mil pesos a gastos que no estaban contemplados en el presupuesto y 315 mil pesos de erogaciones por encima de lo autorizado por el Concejo.
Ante esas anormalidades, la bancada radical presentó en abril de 1998 un proyecto al fin de crear una comisión investigadora para esclarecer lo que ocurrió durante ese período, pero no prosperó.
Más tarde el Concejo aprobó la formación de otro organismo integrado por las comisiones de Hacienda y Presupuesto para que elaborara en el término de sesenta días "un pormenorizado análisis" sobre la ejecución de ese presupuesto.
Al poco tiempo los radicales Sambrailo y Plancich renunciaron tras no encontrar el apoyo de sus pares justicialistas para incorporar a esa comisión un profesional para auditar la cuenta en cuestión. En junio del año pasado rechazaron la cuenta de Gastos e Inversiones y pidieron que la Justicia investigue qué responsabilidad le cabe al Ejecutivo.
Después de tres años la mayoría de los concejales justicialistas, excepto Meli, presentaron un dictamen para avalar la ejecución presupuestaria que hizo Muia en 1997. La comisión que tenía la responsabilidad de estudiar el tema nunca lo hizo, al margen de esta decisión.
Los radicales calificaron como "vergonzosa" la actitud de los cuatro concejales justicialistas que respaldaron el manejo presupuestario realizado e 1997 "resignando, por conveniencias partidarias, el deber de controlar al Ejecutivo", sostuvieron.
Hipocresía
Asimismo señalaron que "fue una hipocresía crear una comisión prometiendo al pueblo que se investigaría, para después de tres años comprobar que nada se hizo", disparó Sambrailo. En ese misma línea se preguntó "dónde están los concejales peronistas que criticaban a Muia por su desmanejo administrativo" y consideró: "Un sector del justicialismo pensó que cuanto peor le fuera a Muia sería mejor para ellos. Por eso decidieron no investigar en 1998, dejar que los problemas financieros se agravaran y luego denunciar la situación antes de las elecciones".
"Con esta actitud además quedó demostrada la falsedad de las declaraciones del intendente Eduardo Rosconi cuando refiriéndose a la actuación de los ediles radicales dijo que el Concejo calló y que la oposición dejó mucho que desear", añadió Sambrailo, para agregar: "Los propios rosconistas impiden el conocimiento de lo ocurrido durante la gestión anterior".
Meli sostuvo que votó en contra de sus pares del mismo partido porque es "coherente" con su pensamiento. "Desde que asumí en diciembre de 1999 -sostuvo- mantengo una postura y no la pienso cambiar. No se puede aceptar un sobregiro de más de 40 partidas, como ocurrió en la gestión anterior, en la que se cometieron otras irregularidades que también cuestioné y ahora investiga la Justicia".
La Ciudad
