Carlos Duclós
"Está probada la total ineficacia del aumento de las penas para combatir el delito", dijo el secretario general de la Universidad Nacional de Rosario y abogado penalista, Daniel Erbetta. El profesional reconoció durante una entrevista con La Capital que una de las principales preocupaciones de la sociedad argentina actual es todo aquello que está vinculado con la seguridad. Erbetta sostuvo que "el Estado le hace creer a la gente que la mejor solución para atenuar el problema es criminalizar y acudir al palo, que es la pena".
-La gente está cada vez más preocupada por el tema de la seguridad.
-Sí, claro, y esto queda en evidencia en todas las encuestas, es el relativo a la seguridad. El de la seguridad es hoy un tema central en toda la sociedad.
-¿Y qué se hace para poder resolver este problema?
-De todo esto, lo más grave es que, generalmente, al aumentar la sensación de inseguridad se genera como correlato la necesidad de aumentar las penas, los niveles de represión junto a la reducción de las garantías. Y si hay una respuesta al problema que puede hoy descalificarse rotundamente es precisamente esa, no sólo por carecer de legitimidad ética y jurídico-constitucional sino porque está probada la total ineficacia de tales políticas en los países que las han aplicado y la falacia que esta propuesta implica. En cualquier caso, la cuestión no deja de ser compleja y se vincula al más amplio fenómeno provocado por la globalización y la aparición de la llamada sociedad de riesgo, que comienza a proyectar un nuevo modelo de derecho penal, una suerte de derecho penal posmoderno o de riesgo que, para ser gráfico, parece encontrarse inspirado en una política criminal que algún autor ha denominado "contrailustración".
-¿Cómo actúa el Estado en ese sentido en el marco del derecho penal y la legislación?
-Por un lado, la llamada tendencia expansiva del derecho penal y su huida hacia las penas, fenómeno caracterizado por la fuerte convicción cultural de que el modelo punitivo, es decir la aplicación de más penas, es un instrumento idóneo para la solución de cualquier tipo de conflictos, incluidos los ambientales, previsionales, fiscales, de salud, familiares, entre otros. En igual sentido, la ordinarización del derecho penal de emergencia y de modo relacionado con lo anterior el uso político del derecho penal como instrumento de comunicación y su mercantilización como mercancía de la industria cultural. En todos los casos se trata de una simplificación de los problemas, la reducción de las soluciones a las propuestas de mano dura y una cada vez más creciente legislación penal casi excluyentemente apoyada en los efectos simbólicos de la respuesta punitiva y de las propuestas de desformalización y flexibilización del proceso penal como instrumento de lucha contra el crimen.
-De todos modos es una forma de respuesta, aunque usted no la comparta.
-La verdad es que el Estado y las agencias políticas le hacen creer a la gente, y a veces hasta ellos mismos lo creen, que se preocupa de sus problemas y la mejor forma de solucionarlos es criminalizar y acudir al palo que es la pena, con lo cual en lugar de encontrar y proponer soluciones reales a esos problemas se apela a un discurso que sólo proporciona sosiego a través de una ilusión de solución, porque se basa en una causa social falsa; entonces no sólo no se resolverá el problema sino que, como dice Eugenio Zaffaroni, ocurrirá algo peor: se desestimulará la búsqueda de soluciones reales, puesto que la ilusión ocultará la urgencia.
-¿Y cuáles serían los soluciones, hacia dónde debería dirigirse el derecho penal?
-Hay que reformar el reglamento procesal no sólo por el tema de la oralidad, que le permitiría a la gente ver qué hacen los jueces y qué hacemos los abogados, y asegurar la participación popular requerida por la publicidad de los actos. Esto no sólo terminaría con la dispersión y la delegación de funciones y ganaría en inmediación, sino también respecto a la estructura, rol, funciones y actividad del Ministerio Público, la simplificación de trámites, la desburocratización de la Justicia, la adopción de un sistema acusatorio con investigación preparatoria al juicio oral y público a cargo del fiscal.
-El impedimento para la aplicación de esta estructura son los costos, dicen.
-En esta cuestión de la reforma procesal debe destacarse, para evitar confusiones, que el argumento de los costos presupuestarios que implicaría es encubridor de una posición ideológica. Ante todo porque si las cosas son para mejorar, en materia de justicia al igual que en educación no hay que confundir gasto con inversión. Tenemos un sistema inservible del que todos se quejan. Nadie se anima a defenderlo y entonces se acude a que el cambio es muy costoso. La realidad es que la falta de cambio sí constituye un verdadero dispendio presupuestario abonado todos los años para sostener un sistema ineficaz, que no contribuye a la seguridad ciudadana, es lento, produce injusticias y genera una cada vez mayor pérdida de credibilidad en el servicio.
-¿Cómo se complementaría para usted esa reforma?
-La reforma debe integrarse con la institucionalización de reglas de oportunidad para seleccionar la persecución penal. Hay que ser realistas y sustituir la ilusión de querer perseguir todos los delitos por criterios de oportunidad y disponibilidad de la acción y la ampliación de los delitos que dependan de instancia privada, es decir conceder a la voluntad de la víctima poder sobre la persecución penal. Se debe terminar con la tendencia expansiva penal a nivel legislativo y encontrar alguna alternativa a la respuesta centralizada de la prisión. Por ejemplo, la probation era un buen elemento pero ya desde el nivel legislativo, y peor aún por vía interpretativa y aplicativa de algunos tribunales, la han acotado tanto que prácticamente ya no tiene virtualidad y no sirve para nada, cuando era un elemento extraordinario porque no sólo evitaba el juicio y todo su desgaste sino que potenciaba la reparación de los daños. En el tema de la seguridad ciudadana tiene incidencia decisiva la transformación del sistema de enjuiciamiento penal, la capacitación y especialización del segmento policial y la revisión de los criterios de selección de jueces, entre los que, dentro de un más amplio mecanismo, debe consignarse el concurso público de oposición y antecedentes.
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La Ciudad
