No era beneficioso

El subsecretario de la Sigen, Aníbal Gutiérrez, dijo que "el presidente decidió anular el contrato porque obviamente no beneficiaba a los intereses argentinos. No era un contrato que favoreciera el precio final que iban a tener los documentos, era un contrato poco claro acerca de cuál era la capacidad tecnológica con la que se iba a trabajar", agregó. El contrato, que comenzaba a regir nuevamente mañana, estipulaba un precio final de 32 dólares por cada documento nacional de identidad (DNI) confeccionado, por lo que la Sigen reclamó conocer los costos de fabricación. "La Sigen le hizo muchas observaciones al contrato, por la información que habría por los precios que se pagan en otros lugares del mundo, estaríamos pagándolo caro", agregó.