Sin grandes anuncios y con un muy bajo perfil, el gobierno nacional formalizó ayer ante los representantes de la empresa alemana Siemens la rescisión del contrato para la confección de los DNI, firmada en 1998 durante la gestión de Carlos Menem. De este modo, la decisión oficial se convirtió en el primer caso de rescisión de un contrato millonario, desde que la Alianza asumió en el gobierno.
Según la Sindicatura General de la Nación (Sigen), el gobierno hizo uso de su derecho en base a la ley de emergencia económica, por lo cual, sólo debería reintegrarle a la empresa de origen alemán el capital invertido hasta ahora, que -según una consultoría privada- rondaría los 150 millones de dólares.
De acuerdo con lo informado por la propia empresa, en horas de la mañana los representantes de Siemens mantuvieron un encuentro con el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, y el ministro del Interior, Ramón Mestre, en la sede de la cartera política.
De esa manera, el director general de Siemens, Rodolfo Schmidt, y el director económico financiero de la empresa, Andrés Truppel, fueron notificados verbalmente sobre la decisión del Poder Ejecutivo.
De acuerdo con el contrato firmado durante la gestión del ex ministro del Interior Carlos Corach, el precio de los DNI iba a ser de 27 pesos, IVA incluido. Pero el elevado costo, la presunción de algunas irregularidades y cierta presión que habría llegado desde los Estados Unidos, terminaron por decidir al Ejecutivo por la rescisión.
Lo concreto, en lo que hace a los guarismos, es que la administración central rescinde un contrato que rondaría los mil millones, pero rehacerlo con otra empresa costaría cerca de 380 millones. Con lo cual, aún desembolsando el Estado unos 150 millones por la inversión que hasta ahora habría realizado Siemens en el proyecto, el total -530 millones- apenas superaría la mitad del valor que se manejaba en el acuerdo comercial con la firma alemana.
"Siemens ha sido notificada verbalmente de la decisión del gobierno nacional de rescindir el contrato firmado en 1998 para la provisión de un sistema integral de identificación de personas, control migratorio e información eleccionaria, conocido como Proyecto DNI", informó la firma germana.
Descartan un juicio
El subsecretario general de la Sigen, Aníbal Gutiérrez, descartó que la empresa tenga derecho a realizar un juicio al Estado por la decisión gubernamental, ya que "el Poder Ejecutivo tenía derecho a reformular o rescindir el contrato en base a la ley de emergencia económica", que desliga al Estado de la obligación de pagar indemnizaciones.
Empero, el funcionario que secunda a Rafael Bielsa en ese organismo de control, consideró que "lo que debe hacer el Estado es pagar la cifra de inversiones" que la compañía de origen alemán habría efectuado hasta el momento y que, según figura en el expediente, rondaría los 150 millones de dólares, monto que fue calificado por el subsíndico como "excesivo".
Precisamente fue Bielsa quien advirtió al gobierno que el contrato con Siemens era "potencialmente más escandaloso que el de IBM-Banco Nación" ya que involucra una cifra cercana a los mil millones de dólares.
La Ciudad
