El asesor legal de la Delegación Bahía Blanca de la Asociación Usuarios de Servicios Financieros (Asuserfi), Víctor San Román, dijo que el Banco Nación presiona a los productores rurales del sur de la provincia de Buenos Aires, para que paguen a los profesionales de esa banca honorarios y gastos por juicios mal iniciados, bajo la amenaza de excluirlos del régimen de reinserción productiva al que se han incorporado.
A través de un detallado informe, San Román expuso el tema y dio a conocer el caso de un productor del partido de Villarino, que para evitar el remate de su campo debió presentarse en concurso preventivo, cuya apertura se decretó el mismo el 23 de junio de 1999.
Pero el 16 de septiembre de ese año, y a pesar de estar notificado de la inclusión del productor en el régimen de emergencia y desastre agropecuario y de estar concursado, el Banco de la Nación le inició ejecución hipotecaria.
El productor se presentó en la ejecución hipotecaria y opuso excepciones fundadas en estas dos leyes, pero sus razones no prosperaron y hasta hoy el caso sigue sin solución. El cuello de botella surgió porque en la misma época se puso en marcha el régimen de reinserción productiva para pequeños empresarios, y un convenio especial entre el Banco Nación y la provincia de Buenos Aires al que se adhirió el productor.
Para hacerlo debía cumplir con una disposición del Banco que le exigía allanarse a los juicios en trámite y hacerse cargo de los honorarios y gastos de los profesionales de esa institución. Para San Román, esta condición podía aceptarse cuando el Banco había iniciado juicios de acuerdo a derecho, sin haber violado ninguna ley, pero cuando se daban situaciones como la de este productor el requisito era injustificable.
Sin embargo, la condición fue impuesta para acceder a la refinanciación, por lo cual el productor y otros de sus pares que se encontraban en una situación similar, quisieron dejar constancia de que no aceptaban esa condición, remitiéndose a lo que resolviera la justicia en tal sentido.
Acciones judiciales
Pero los funcionarios del Banco no aceptaron que se hiciera esta reserva. Con el fin de no quedar excluido, los productores hicieron constar en acta todos estos hechos. "Si bien el productor tomó la precaución de hacer constar en el acta que su voluntad estaba viciada al firmar su compromiso de allanarse a los juicios iniciados por el Banco, ello puede dar lugar a un prolongado procedimiento judicial. Mientras tanto su situación es incierta, ya que no se sabe si queda dentro o fuera del régimen", explicó San Román.
"Cuando los productores intentaron incorporarse al régimen se encontraron con que además de las deudas a reconocer, que incluían intereses desproporcionados y la rentabilidad negativa que padecía ese sector, también debían hacerse cargo de gastos y honorarios de juicios, en muchos casos iniciados violando las leyes vigentes", explicó San Román.
Según el profesional, los productores que se encuentran en una situación similar, podrían iniciar acciones judiciales en forma particular, aunque para acelerar los pasos la Asociación puso a disposición de hombres de campo un detallado informe para su asesoramiento.
La Ciudad
