La defensa de Emir Yoma pidió ayer a la Cámara Federal porteña que deje sin efecto el procesamiento y la prisión preventiva que pesan sobre el ex asesor presidencial de Carlos Menem por su presunta responsabilidad en la venta ilegal de armas y, además, impugnó las declaraciones del ex interventor de Fabricaciones Militares Luis Sarlenga y de la testigo Lourdes Di Natale. Paralelamente, Di Natale (ex secretaria de Yoma) volvió a complicar la situación del detenido empresario al memorar que en 1994 éste le encomendó entregar un sobre a un enviado de Sarlenga, quien ya habría confesado ante el juez de la causa, Jorge Urso, que ese envoltorio contenía los datos de la cuenta secreta del MTB Bank de Nueva York a la que el prófugo traficante Diego Palleros habría girado 400 mil pesos del negocio de las armas. Tras la ampliación de su declaración testimonial en la farragosa causa, la mujer -según denunció el fiscal Carlos Stornelli- volvió a sufrir amenazas en las últimas horas. El abogado Mariano Cúneo Libarona, defensor de Yoma y ex pareja de Di Natale, presentó ayer un memorial ante la Sala II de la Cámara Federal porteña para solicitar que se revoque la resolución mediante la cual Urso dictó el procesamiento y la prisión preventiva de Emir al considerarlo "organizador" de una asociación ilícita que habría traficado armas a Ecuador y Croacia. Según voceros de su estudio jurídico, el letrado volvió a cuestionar la valoración efectuada por Urso sobre las pruebas que incriminan a Yoma. Cúneo se quejó especialmente por la relevancia que los investigadores han dado a las afirmaciones de Sarlenga -el primer arrepentido del caso- y a la propia Lourdes, a quien el abogado pretende impugnar como testigo por el resultado desfavorable que habría arrojado una pericia psiquiátrica a la que fue sometida años atrás. En tanto, los camaristas de la Sala II (Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Luraschi) recibieron ayer los fundamentos de la apelación de Yoma, cuya situación procesal se encuentra ahora a estudio del tribunal de alzada. La Sala II de la Cámara Federal, que el 4 de abril pasado ordenó a Urso profundizar la pesquisa en torno a Yoma y el "aspecto patrimonial" de la venta ilegal de armas, definiría posiblemente a inicios de junio si confirma o revoca el procesamiento y la prisión preventiva de Emir. Si los camaristas comparten el criterio del juez, entonces Yoma esperará en prisión el juicio oral y público. No obstante, hay varios planteos en danza que pueden incidir sobre el futuro de los acusados, entre los que figura el propio ex presidente Menem: si prosperan, por ejemplo, los intentos por obtener un pronunciamiento de la Corte Suprema para que declare que el asunto no es justiciable, el expediente será nulo. Por otra parte, el ex embajador argentino en Panamá Juan Bautista Tata Yofre -quien mañana será interrogado como testigo por Urso- adelantó ayer que en la audiencia iba a "demostrar cómo Panamá no podía ni estaba en condiciones de comprar armamento". Las exportaciones ilegales de armas y municiones a Croacia se habrían producido al amparo de dos decretos del Poder Ejecutivo que autorizaron la venta de material bélico a Panamá, aunque el destino final de los envíos fue Zagreb. Del mismo modo, Ecuador adquirió fusiles y municiones argentinas merced a un decreto que consignó que la compra había sido efectuada por Venezuela. Y hubo intentos, según los investigadores, por utilizar ese mecanismo con otras naciones.
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