El gobierno nacional admitió ayer su preocupación ante la politización de la causa por la venta ilegal de armas, aunque volvió a reiterar la necesidad de no interferir en el proceso judicial. El jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, confirmó que el presidente, Fernando de la Rúa, "está preocupado" porque "no se politice aún más la causa".
El viceministro de Justicia, Melchor Cruchaga, -por su parte- defendió la "independencia del Poder Judicial" y aseguró que "no hay que interferir en las cuestiones que están a cargo y son competencia de la Justicia".
En tanto, el ex ministro de Defensa del gobierno menemista Oscar Camilión dijo no sorprenderse ante el caso que el juez federal Jorge Urso lo cite a declarar por la causa de la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador, aunque aclaró que no hay "ninguna imputación que se vincule con la posibilidad" de que vaya preso.
Precisamente el viernes, Erman González prestó declaración indagatoria ante el juez Urso, que el 13 de julio próximo interrogará como acusado al ex presidente Carlos Menem.
González, pese a las especulaciones que se habían realizado antes de su presentación ante Urso, no quedó detenido en la causa en la que ya se encuentra arrestado Emir Yoma, el ex cuñado y asesor presidencial de Menem y ahora el juez deberá decidir si exime de responsabilidad al ex funcionario o lo procesa.
El jefe de Gabinete advirtió que "un tema tan importante tiene que darse en un marco de respeto", sino "corremos el riesgo de que no se llegue a averiguar absolutamente nada y a generar con cazas de brujas, cosas que ya vivimos en el pasado en nuestro país".
"El presidente lo que manifestó es que está preocupado, no porque se está investigando", indicó Colombo, quien aclaró que "la preocupación" de De la Rúa "debe ser porque se haga dentro de un marco de prudencia y respeto y que no se politice aún más una causa como ésta de la exportación de armas".
Sin interferencias
Mientras, Cruchaga consideró que "no es prudente que desde el poder político se señalen temas relativos a la competencia y jurisdicción, porque puede ser entendido como una interferencia" en la Justicia.\"Y si alguien, por alguna inercia creyó que podía hacer algún comentario sobre esto, creo que se equivoca", puntualizó el secretario de Justicia en alusión a las declaraciones del ministro de Economía, Domingo Cavallo, quien opinó que la causa debía pasar a la Corte Suprema de Justicia.\Al respecto, el secretario de Legal y Administrativa del Ministerio de Economía, Alfredo Castañón, salió a defender a Cavallo y aclaró que fue mal interpretado al señalar que "lo que le dijo es que sería deseable que en el futuro, en otras causas, hubiera un tribunal de una jerarquía distinta" pero "no en esta" de la venta ilegal de armas.
La Ciudad
