Editorial

Remises, discusión abierta

La ley y las normas, se sabe, rigen para ordenar aquello que de otra manera sería puro caos, y el espíritu que idealmente las anima no es otro que la aspiración a la mayor justicia posible. Por esa razón, cuando la realidad las desborda, cuando los hechos, en síntesis, se vuelven más fuertes que las pautas que deberían gobernarlos se torna necesario -o resulta sabio, al menos- hacer un replanteo.
La actitud de treinta y tres municipios del sur santafesino constituye, acaso, la precisa encarnación de lo anteriormente expresado. Es que entre todos han elaborado un proyecto que presentarán al gobernador Carlos Reutemann en el cual le solicitarán que disponga la libre circulación de remises entre distintas localidades de la provincia. Y no hace falta emplear demasiada perspicacia para comprender que lo que están haciendo es introducir el dedo en la llaga.
Resultan vastamente conocidos los problemas que se generan cuando un vehículo de alquiler invade la jurisdicción que no le corresponde. Los incidentes ocurridos, sobre todo en Rosario, han adquirido a veces proporciones dramáticas. Los lamentables sucesos se han producido por lo general cuando la policía, cumpliendo con su deber, procede a la detención del chofer "extranjero" y a la correspondiente incautación del automóvil que conduce. En esos casos, la automática reacción de solidaridad que se genera entre los colegas del trabajador afectado suele ser el disparador de situaciones extremadamente difíciles de controlar, tal como lo grafica con la contundencia suficiente la durísima represión policial que una noche se desató sobre ellos.
Ahora bien, no se trató de una anécdota aislada. Sólo fue otro eslabón de una larga y triste cadena. Semejante constancia en la repetición significa, tal vez, lo mismo que el conocido ejemplo del curso entero que reprueba una materia: lo más probable es que los problemas no estén del lado de los estudiantes, sino que radiquen en el mismísimo, venerado profesor. Por ende, haciendo un paralelo, tal vez en este caso no sean los infractores, exclusivamente, los culpables. ¿No será hora de revisar las normas que rigen la actividad?
La cuestión tiene ribetes delicados porque afecta numerosos intereses. Debe aclararse que la libertad solicitada no es absoluta: entre los límites planteados por los propios gestores de la iniciativa, la prohibición de prestar servicios internos en localidades que no sean la de origen del vehículo es el más notorio. Pero más allá de los intereses sectoriales, que en ocasiones pueden resultar tan miopes como egoístas, no deberían caber dudas de que esta suerte de "flexibilización" en el servicio beneficiará, fundamentalmente, a los usuarios.