Ratifican la validez de testimonios en presunto caso de "gatillo fácil"

Familiares de Pablo Farías y José Zauli cuestionaron a la Cámara de Apelaciones por desincriminar a tres policías

Familiares de Pablo Daniel Farías y de José Darío Zauli, muertos por agentes del Comando Radioeléctrico, expresaron su disconformidad con el fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Penal que revocó el procesamiento de tres policías por el caso. El tribunal consideró que las pruebas para acusar a los tres uniformados se basan casi exclusivamente en la declaración de testigos vinculados a las víctimas o familiares de ellas y por lo tanto parciales.
Precisamente ese es el argumento que los parientes cuestionan: los testigos que declararon ante el juez Jorge Juárez, a cargo de la causa, viven "a más de cuatrocientos metros" del lugar donde ocurrió el suceso: en un descampado del barrio Nuevo Alberdi. "Los testigos no son vecinos directos. Además en la causa no existen pruebas que permitan establecer con certeza que eran parientes", aseguró ayer Juan José Farías, hermano de Pablo, en una conferencia brindada en la sede de la Coordinadora de Trabajo Carcelario.
Anteayer a la mañana, los familiares de Farías y Zauli mantuvieron una entrevista con el juez Ramón Ríos, uno de los integrantes de la Sala 2 de la Cámara de Apelación Penal, para expresarle "sus disidencias" con el fallo que dejó sin efecto la imputación contra los policías Miguel Angel Vallejos, Javier Agustín Benítez y Rubén Roberto Flores. Farías indicó que los camaristas desestimaron el testimonio de una mujer de apellido Pedraza porque declaró que "su hijo fue torturado en la subcomisaría 2ª". En el fallo, según el familiar, los jueces aseguraron que su testimonio no tenía valor probatorio y lo consideraron "parcial y subjetivo".
Los efectivos acusados aseguraron que las muertes, ocurridas el 13 de junio, se produjeron durante un enfrentamiento. Pero los testigos del episodio ofrecieron una versión antagónica: dijeron que los presos ya se habían entregado y que fueron literalmente ejecutados por la espalda.
Además de revocar el procesamiento por considerar a las pruebas "insuficientes", los magistrados liberaron a los policías que estuvieron detenidos ocho meses y medio. Esta decisión también fue cuestionada por Farías en la rueda de prensa, que dudó de "la imparcialidad" del tribunal para resolver el caso. "Actuaron con presión de alguna esfera de poder porque cuando decidieron la excarcelación de los policías ya se habían cumplido los ocho meses de detención, que es el tiempo máximo que una persona puede estar encarcelada".
Como la medida no desincrimina definitivamente a los agentes, porque la investigación aún continúa abierta, los abogados Federico Garat y Carmen Maidagan, que patrocinan a los familiares de Zauli y Farías, solicitarán una copia del video de la autopsia realizada al cuerpo de Zauli. Con un informe posterior de un técnico forense, los parientes intentarán demostrar que el muchacho fue ejecutado con alevosía. Además pedirán constatar las declaraciones que formularon de los policías ante el juez Juárez ya que, según ellos, hubo una irregularidad en la investigación policial del suceso: cuando el magistrado llegó a Bouchard al 3900 los cuerpos ya no estaban, lo que fue interpretado por Farías "como una maniobra para ocultar pruebas".