El fiscal Carlos Stornelli le pidió ayer al juez federal Jorge Urso que indague al ex presidente Carlos Menem como supuesto jefe de una asociación ilícita que vendió armas a Ecuador y Croacia, delito por el que puede ir preso, ya que la pena mínima es de cinco años de cárcel. Además, el ex mandatario fue imputado de "falsedad ideológica de documento público" por haber firmado los decretos que autorizaron la operación, ilícito para el cual se contempla un castigo mínimo de un año de prisión o reclusión y otro máximo de seis, lo que lo hace excarcelable.
Anoche, el propio presidente Fernando de la Rúa tomó distancia del caso, al sostener que el gobierno "no ha tenido ninguna intervención".Además, el mandatario reconoció que "es grave y preocupa que se cite a indagatoria a un ex presidente de la Nación". Después de remarcar "la independencia de la Justicia", De la Rúa señaló que "frente a declaraciones de los bloques justicialistas, debe quedar en claro que el gobierno de ninguna manera ha tenido intervención en esto".
Stornelli también reclamó la indagatoria del ex ministro de Defensa Antonio Erman González y el ex jefe del Ejército Martín Balza, por considerarlos "organizadores" de la maniobra. Para esa figura también la pena mínima es de cinco años de prisión o reclusión.
Ahora, Urso analiza "detallada y puntillosamente" los fundamentos del planteo, ya que no tiene plazos para aceptarlo o rechazarlo.
"(Urso) Está preocupado. La eventual citación implicaría la detención de los involucrados", confiaron fuentes judiciales, que también evaluaron que "no se puede sostener que por haber sido el máximo responsable del país sea automáticamente el jefe de una asociación ilícita".
Desde el menemismo se aseguró que "no hay ningún elemento" para colocar al ex presidente como sospechoso de haber liderado una banda delictiva.
No obstante, si el juez llegara a considerar válidos los argumentos de la Fiscalía y entendiera que hay suficientes elementos para interrogarlos por esos delitos, podría ordenar la detención de Menem, Balza y González. Es que el ilícito por el que estarían siendo convocados tiene una pena mínima de cinco años de prisión y no permite su excarcelación. Además, puede ordenar la detención antes de llevarlos a declarar, como ocurrió con el ex asesor presidencial Emir Yoma, si Urso tuviera sospechas de que pudieran huir del país para eludir a la Justicia.
Según la Fiscalía, existen suficientes elementos para justificar esas citaciones luego de la declaración del ex jefe de Fabricaciones Militares (FM) Luis Sarlenga, excarcelado tras ser considerado miembro de la banda y no líder.
Sarlenga dejó su celda el lunes pasado, tras pagar una fianza de 150 mil pesos que se le impuso en otra causa por las armas radicada en el fuero penal económico, donde se lo investiga por contrabando.
El jueves, Urso procesó y dictó prisión preventiva a Yoma, el ex cuñado de Menem, por entender que fue el "organizador" de esa asociación ilícita. A Emir no sólo lo involucraron los dichos de Sarlenga, sino también el testimonio de su ex secretaria Lourdes Di Natale y las cuentas de empresas vinculadas a su grupo por las que, se sospecha, habría pasado el dinero usado para triangular las armas.
El menemismo acusó el golpe dado por Stornelli. Hubo intensos contactos que involucraron al ex jefe del Estado, a su abogado Mariano Cúneo Libarona (también a cargo de la defensa de Emir), al ex secretario general de la Presidencia Alberto Kohan y al apoderado del PJ César Arias.
Arias reconoció que lo ocurrido "provocó sorpresa y desconcierto" y destacó que, de acuerdo a los datos que maneja, "no existen elementos para una medida de esa naturaleza". Kohan, a su turno, evitó toda referencia al tema.
A través de dos decretos de 1991 y otro de 1995, el gobierno autorizó la venta de material bélico a Panamá y Venezuela, pero los pertrechos fueron enviados a Croacia y Ecuador, dos lugares que tenían prohibido por orden internacional recibir cualquier tipo de armamento.
Todos los decretos fueron firmados por Menem y sus ministros de Economía, Domingo Cavallo; de Relaciones Exteriores, Guido Di Tella, y de Defensa, González (en 1991) y Oscar Camilión (en 1995).
Recientemente, la Cámara confirmó los procesamientos de González, Di Tella, Camilión, Balza y Sarlenga, entre otros, y le ordenó a Urso profundizar las investigaciones -incluso sobre Emir- para dar con la llamada ruta del dinero.
En un dictamen de 33 páginas, Stornelli apuntó ahora a Menem. Si bien subrayó que Sarlenga "fue cuidadoso y negó haber hablado con el ex presidente" sobre la causa, el ex directivo de FM dijo que "todo el mundo sabía que (las armas) iban a Croacia y no a Panamá".Por ese motivo, advirtió el fiscal, el testimonio de Sarlenga "conduce inexorablemente a sospechar que el acuerdo de voluntades excedería a las personas hasta hoy procesadas por el delito de asociación ilícita".
Los diputados y senadores del PJ respaldaron a Menem, denunciaron una "persecución judicial" y se autoconvocaron a un estado de reunión permanente hasta mañana, día en que se realizará un plenario del partido. Una situación que complicó el respaldo conseguido por la Alianza para aprobar hoy en la Cámara baja la incorporación del euro a la Convertibilidad.
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La Ciudad
