El jefe del Ejército figura junto a otros ocho oficiales

Brinzoni fue incluido por el Cels en una lista de represores

A su turno, el Ministerio de Defensa aseguró que el militar no participó en el terrorismo de Estado

El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) incluyó el nombre del jefe del Ejército, teniente general Ricardo Brinzoni, entre nueve militares sospechados de haber cometido "actos aberrantes" durante la dictadura procesista. En tanto, el Ministerio de Defensa salió ayer a brindar su apoyo al militar, al asegurar que "no tuvo responsabilidad ni participación en acciones de represión ilegal en ningún momento" de su carrera castrense.
"En los diecisiete años transcurridos desde que fue recuperada la democracia en la Argentina, con irrestricto acceso a la Justicia y total libertad de expresión, nunca fue presentada ninguna denuncia judicial" contra Brinzoni, argumentó en un comunicado oficial, la cartera que preside Horacio Jaunarena.
El Cels entregó ayer un informe al Ejército, al responder a los masivos recursos de hábeas data elevados por 663 oficiales de la fuerza que reclamaron saber la información que la entidad humanitaria tenía sobre ellos, a pedido de Brinzoni.
El documento fue entregado por el presidente del Cels, el periodista Horacio Verbitsky, y el abogado Víctor Abramovich, al representante legal del Ejército, Juan Torres Bande, quien en su momento fue defensor del dirigente filonazi Alejandro Biondini.
El pedido de Brinzoni fue realizado tras el fallo del juez federal porteño Gabriel Cavallo, del 6 de marzo último, en el que dictó la "inconstitucionalidad y nulidad" de las leyes de obediencia debida y punto final sancionadas en el gobierno de Raúl Alfonsín, que beneficiaron a cientos de militares acusados de delitos de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983.
Según el informe, sobre el total de los peticionantes sólo 28 contarían con antecedentes por diferentes ilícitos, mientras que de 101 no se obtuvieron datos.
De esos 28, nueve están sospechados de "terrorismo de Estado", diez de "alzamientos carapintadas", nueve de "haber estudiado en la Escuela de las Américas" (de Panamá, que impuso la Doctrina de la Seguridad Nacional), y dos de otros ilícitos.
Verbitsky anunció, en una conferencia de prensa realizada frente al estudio jurídico de Torres Bande, que "en los próximos 30 días" presentará en la Justicia federal de Resistencia, Chaco, una denuncia penal contra Brinzoni por su presunta responsabilidad en la denominada Masacre de Margarita Belén, en la que fueron asesinados más de 20 presos políticos.
El episodio ocurrió el 13 de diciembre de 1976, cuando Brinzoni se desempeñaba en el gobierno de facto de Chaco.
Verbitsky sostuvo que en esa época Brinzoni habría dicho a la prensa que "si por mí fuera, colgaría a los subversivos en una plaza pública para ejemplo y escarmiento".
También sostuvo que el entonces director del diario chaqueño El Crisol lo había ido a ver para pedirle por periodistas desaparecidos, a lo que habría contestado: "La próxima vez que usted venga para reclamar por uno de los hombres que nosotros nos llevamos de su diario, a usted le va a pasar lo mismo".
Verbitsky dijo que se omitieron datos de Brinzoni y otro de los denunciados, el teniente coronel Aldo Martínez Segón, en razón del "secreto profesional", pues se están evaluando presentaciones de denuncias sobre ambos.
Según el trabajo, de los 663 oficiales que presentaron los hábeas data existe "presunción" de que nueve habrían intervenido en "actos aberrantes".
Además de Brinzoni, los restantes acusados por el Cels son los ex oficiales Luis Urbano Acuña, Rafael Mariano Braga, Javier Jorge Costas, Juan Francisco Del Torchio, Aldo Héctor Martínez Segón, Enrique Alfredo Ferraris, Carlos Andrés Freites, Eduardo Pablo Garbini, Miguel Angel Macchi, Marcelo Ricardo Navarro, Enrique Guillermo Rivas y Juan Carlos Yorio.
En otros presuntos ilícitos el Cels incluyó al subjefe del Estado Mayor del Ejército, Eusebio Jurczyszyn, quien, dijo Verbirtsky, habría reconocido haber autorizado durante su desempeño como segundo comandante del Cuerpo III en Córdoba la realización de actos de "espionaje" a la jueza federal cordobesa Cristina Garzón de Lascano, a cargo de una investigación por el robo de bebés durante la dictadura.
Verbitsky destacó que "el secretario general del Ejército, general (Eduardo) Alfonso, recorrió las guarniciones planteando que el que no presentara el hábeas data era desleal a Brinzoni".
"A pesar de ello, sobre cinco mil oficiales que tiene el Ejército sólo 663 hicieron la presentación, un 12 ó 13 por ciento, lo cual indica qué claro tienen los oficiales actuales que no tienen que emblocarse en la defensa corporativa de un pasado aberrante del cual ellos no tiene responsabilidad y muestra los límites del comando que ejerce el general Brinzoni en este momento", dijo finalmente.