Editorial

Robo de medicamentos

Pocas zonas del delito deben ser más acotadas que la del robo de medicamentos. Esto por una sencilla razón: el producto enajenado no puede ser reducido en ningún otro lugar que en una farmacia, una droguería o un centro de salud. Es decir: la policía y la Justicia no tienen que buscar una aguja en un pajar. Al saquear una farmacia, ¿cuánto tiempo los delincuentes tienen consigo la mercadería sin venderla? Y cuando lo hacen, ¿la colocan en una zapatería, un supermercado, una estación de servicio, una inmobiliaria, una tienda? A esto se agrega otro detalle que, objetivamente, facilita cualquier investigación: todos los medicamentos son fáciles de rastrear, pues poseen códigos de identificación. Es decir, resulta fácil saber quién es realmente el propietario legal.
Con estos elementos -teatro de operaciones acotado y producto fácilmente rastreable- que restringen de manera tan notable la libertad de comercialización del producto robado, ¿cómo es posible que se sucedan con tanta asiduidad los vaciamientos de farmacias mientras los procedimientos de localización de lo robado y detención de los ladrones ocurran una remotísima vez cada tanto? Excepto desde la perspectiva de que la delincuencia actúe en connivencia con el poder público que tiene la obligación de reprimirla, cuesta encontrar una explicación creíble.
Lo dicho parte de la denuncia formulada a este diario por directivos del Colegio de Farmacéuticos de la Segunda Circunscripción que manifestaron su indignación, azoramiento y cansancio porque, por ejemplo, 22 establecimientos de Rosario y su zona fueron vaciados en los últimos años, 16 de los cuales fueron en el último bienio. Ni uno sólo de esos casos fue esclarecido.
Sin dudas que esos profesionales y la sociedad toda -los medicamentos tienen fecha de vencimiento y, en algunos casos, para su correcta conservación deben permanecer dentro de una cadena de frío- merecen una explicación. Y mucho más que eso, merecen una acción del Estado efectiva que conduzca a la eliminación de esa práctica reñida con la ley. Práctica que, al margen de los grandes perjuicios económicos que produce, encierra un enorme y concreto peligro para la salud pública.
Ni la policía ni la Justicia pueden permitir que continúe el presente y lamentable estado de cosas en la materia. Que se saqueen las farmacias como ocurre ahora y que nadie acabe preso es una agresión al sentido común y una burla a las altas razones que justifican las respectivas existencias de esas instituciones fundamentales. La impunidad es una lacra que, de manera incontenible, siempre acaba en la descomposición de las sociedades.