Año CXXXIV
 Nº 49.098
Rosario,
miércoles  25 de
abril de 2001
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Capitán Bermúdez: Una nueva y difícil conciliación obligatoria

Capitán Bermúdez. - Autoridades de la Secretaría de Trabajo de la provincia intentaron, sin éxito, ubicar al intendente Gerardo Carlucci para notificarlo de la conciliación obligatoria dictada por esa cartera, que retrotrae la situación del conflicto municipal al 17 de agosto de 1999, y de una nueva reunión a realizarse entre las partes el sábado próximo en esa dependencia.
El secretario de Trabajo, Oscar Ercolli, se mostró desorientado ante el anuncio de un asesor de Carlucci, cuando le manifestó que "el intendente tiene confeccionados 15 sumarios internos a empleados municipales que participan de la toma", con lo que las negociaciones retrocederían a fojas cero.
Las autoridades provinciales tampoco pudieron ubicar a ningún funcionario con la jerarquía necesaria para darse por notificado de la conciliación. "La delegada se dirigió a la casa del intendente, pero no había nadie. Optamos por notificar a cualquiera que tenga que ver con el Ejecutivo y se encontró a un contador, pero no me pareció adecuado; así que volví a ordenar a la delegada para que deje una notificación clavada en la puerta de la casa de Carlucci", explicó Ercolli.
Por otra parte, expresó que "el gremio manifestó que acataría la conciliación, pero después cambiaron la bocha. La asamblea decidió que se avienen siempre y cuando acate Carlucci y como no lo sabemos fehacientemente estamos empantanados".

Gestiones
El funcionario se dirigió entonces hasta Capitán Bermúdez para explicar la situación a los trabajadores. "Los impuse de la necesidad de que acaten, pero dijeron que no pueden ceder en forma unilateral, porque cuando lo hicieron el año pasado la cosa no resultó", explicó. Ercolli manifestó que hará gestiones ante el ministro de Gobierno, Angel Baltuzzi, y tomará contactos con las cámaras legislativas para interiorizarlos del problema.
En tanto, los municipales bermudenses, que tienen tomado el municipio desde hace dos semanas, tienen que abandonar el edificio, según lo resuelto por el juez sanlorencino Eduardo Filloco, quien dio la orden de "hacer cesar el estado antijurídico", pero no existe hasta el momento un plazo determinado. Con este argumento judicial el magistrado se propone dar un tiempo prudencial para futuras negociaciones en este difícil conflicto.
Por el momento las cosas siguen empantanadas en la ciudad. Por un lado, la clase dirigente no llega a un acuerdo y, por el otro, tanto los mediadores oficiales como oficiosos enfrentan una encrucijada de difícil salida para este largo y sinuoso problema.


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