Ramón Ataliva Vega es dueño de una empresa de mudanzas de barrio Ludueña. Su testimonio fue clave para que cuatro policías de dos seccionales de Rosario fueran llevados a juicio por chantajear a vecinos, con distintos pretextos, para no iniciarles causas en su contra. Para resistir esa actitud extorsiva el comerciante se desprendió de algunos objetos de su propiedad. Uno de ellos es un perchero de pie, labrado en madera, que el sábado pasado le fue restituido. El lugar donde se encontró generó comentarios de vergüenza en los mismos policías que habían ido con Ramón a hacer el operativo. Estaba en dependencias de la comisaría 12ª de barrio Ludueña. "Más exactamente en el despacho del jefe", consignó el comerciante.
El operativo fue hecho por el ex jefe de la división Judiciales, Ignacio Siffredi, por orden del juez de instrucción Adolfo Prunotto Laborde. "Fue el sábado a las 10.30 de la mañana. Mi perchero estaba en la oficina del jefe. Lo secuestraron y me lo dieron en el momento", explicó Ramón.
Ataliva Vega fue protagonista de un caso de extorsión que terminó con cuatro policías procesados. Los efectivos están acusados de exigirles a sus víctimas, vecinos del barrio, una paga que iba desde los 100 hasta los 2 mil pesos o mercaderías para no iniciarles un sumario con cualquier excusa.
El viernes pasado, la Cámara Penal de Rosario confirmó la resolución del juez de instrucción Adolfo Prunotto Laborde. El magistrado dictó los procesamientos del subcomisario Eduardo Bruno Ojeda, de los oficiales Horacio Miguel Prado y Ramón Higinio Arce y del suboficial Alberto Rubén Nieto. Pero un quinto policía, Ramón Orlando Luna, también había sido procesado por el juez, aunque ahora la Cámara revocó la medida.
Los efectivos fueron denunciados en distintas fechas por seis vecinos del barrio Ludueña. Las presentaciones se hicieron ante dos fiscales de la Justicia, en algunos casos, y en otros, ante las Tropas de Operaciones Especiales (TOE). Según los denunciantes, los efectivos se asociaron para exigirles dinero o mercaderías. Para conseguir su propósito, los intimidaban mediante amenazas de incriminarlos en alguna infracción, real o inventada, o de comprometer la situación procesal de personas que estaban bajo investigación policial.
Libertad condicional
Uno de los denunciantes, que cumplía la última parte de una condena en libertad condicional, aseguró que lo amenazaron con iniciarle una nueva causa para que no pudiera seguir gozando de ese beneficio, que exige conducta intachable.
Vega fue otra de las víctimas de los agentes acusados. Ramón tiene una empresa de mudanzas en el barrio Ludueña y recibió la visita de los policías involucrados en el suceso. Denunció que le pidieron dos mil pesos con una velada amenaza: si no los pagaba, él o su familia iban a tener "graves problemas".
Los procesamientos fueron dictados en su momento por Prunotto Laborde y luego apelados por los abogados defensores de los imputados. Ahora la Sala IV de la Cámara de Apelación Penal los confirmó, aunque con cambios: a todos les quitó la calificación de asociación ilícita. una figura penal que hubiera agravado la pena en caso de que los policías terminen condenados al cabo de un inminente juicio.
Como se trataría de personas con antecedentes penales y hasta judiciales, las defensas de los policías imputados intentaron atacar la legitimidad de sus denuncias. Pero la Cámara descartó de plano el insólito planteo con un argumento contundente: si así se hiciera, es decir si se relativizaran las denuncias de quienes tienen antecedentes policiales o judiciales, estas personas se convertirían en víctimas permanentes del apriete impune de quienes, habiendo advertido esta situación, decidieran explotarla en beneficio propio. Que es, ni más ni menos, lo que hacía este grupo de policías.
La Ciudad
