Un juzgado penal de los Tribunales locales inició una causa por incumplimiento de sus deberes al personal de una comisaría por desobedecer una orden judicial. La investigación recae sobre los agentes de la comisaría 14ª, a cargo del comisario Raúl Cortés, acusados de exceder sistemáticamente el cupo de detenidos que -según la resolución de un juez- deben alojarse en sus celdas.
La investigación fue ordenada por el juez de Instrucción Nº 4, Jorge Eldo Juárez, con el consentimiento del fiscal Ismael Manfrín. Hace dos años, un preso alojado en la comisaría 14ª presentó en ese juzgado un recurso de hábeas corpus requiriendo un mejoramiento de las condiciones de detención a raíz del hacinamiento en que vivían los internos.
En el marco de esa investigación, el magistrado corroboró que existía un exceso en el número de detenidos. Un perito arquitectónico que examinó el lugar estableció en su informe que, en condiciones normales, las celdas de la seccional no podían alojar a más de una docena de personas.
En esa oportunidad, Juárez hizo lugar al recurso y ordenó a las autoridades policiales que no superaran ese tope en la cantidad de presos. Sin embargo, según fuentes de la investigación, esa orden nunca se respetó. El magistrado requirió informes periódicos a la seccional y constató que la nómina de detenidos siempre superó el límite impuesto. "Cada vez que se pide un informe, la cantidad de detenidos supera lo que se ordenó", refirió una fuente cercana a la causa.
A raíz de esta irregularidad, el fiscal Manfrín recomendó al magistrado que solicitara informes mensuales a la comisaría de Marcos Paz 6650 y que se iniciara una causa por el incumplimiento de la orden judicial.
El juez Juárez fue más lejos en su resolución, ya que dispuso un pedido de informes semanal y ordenó que se inicie una causa por desobediencia de una orden judicial o incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ambos delitos se investigan en juzgados correccionales.
Por esta razón, el magistrado giró copias de las actuaciones al juzgado Correccional Nº 5, a cargo de Eduardo Costa, en turno la semana pasada. En estos días, el juez analizará si es competente en la causa, caratulada hasta el momento como "Actuaciones remitidas por el juzgado de Instrucción 4ª", según una fuente judicial.
Sobre el límite
El incumplimiento de la orden judicial quedó en evidencia el 27 de febrero pasado, cuando 9 presos se esfumaron de la comisaría 14ª luego de limar unos barrotes y disimular las limaduras con materia fecal. Los presos, según un vocero policial, "taparon la cámara de video instalada en el penal con una sábana lavada y otras prendas que colgaron para ocultar el corte del enrejado superior del patio", por el cual escaparon hacia los techos de las casas vecinas. Sólo uno fue recapturado. En ese momento el penal superaba ampliamente el límite impuesto por la Justicia: alojaba a 23 reclusos.
Este episodio provocó la reacción del ministro de Gobierno, Angel Baltuzzi. "Estoy harto de las fugas que ocurren en las comisarías. No me puedo adelantar al resultado de la investigación que se va a realizar. Pero sí que al menor asomo de negligencia quedará afectada la carrera policial de los responsables", dijo el funcionario.