El Cels brindará a militares la información que posee sobre ellos

El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) responderá hoy a los recursos de hábeas data presentados en marzo por casi 700 oficiales del Ejército, que exigieron saber la información que tiene sobre ellos ese organismo defensor de los derechos humanos.
La petición de los jefes castrenses surgió después de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final dispuesta por el juez federal Gabriel Cavallo, ante la posibilidad de que fueran citados nuevamente por la Justicia.
Hoy, a las 14, el presidente y el director ejecutivo del Cels, Horacio Verbitsky y Víctor Abramovich, respectivamente, entregarán la información al abogado de los 663 peticionantes, indicó la entidad. Después, a las 14.30, difundirán el contenido de su presentación en una conferencia de prensa que darán en Marcelo T. de Alvear 777 de Capital Federal.
El Cels recordó que había manifestado "públicamente su voluntad de proporcionar la información contenida en sus archivos".
"Para ello, y en razón de no contar con un registro de datos personales en orden alfabético, solicitó a cada uno de los peticionantes ciertos datos elementales para facilitar la búsqueda de la información que se encontraba dispersa", indicó la entidad en un comunicado.
El Cels dijo que en 45 días "no tuvo respuesta sobre este pedido", pero igual entregará hoy la información parcial que ha podido reunir, a pesar de que esta actitud no sea imitada por aquellos que tienen tanto más que contribuir al esclarecimiento de la suerte y el paradero de miles de desaparecidos".
Agregó la entidad que la "información completa se hará pública una vez finalizada la audiencia".
La cuestión se desató después de que a principios de marzo el juez federal Gabriel Cavallo dispuso la nulidad e inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, establecidas durante el gobierno de Raúl Alfonsín, que permitieron a centenares de militares y miembros de fuerzas de seguridad evitar ser investigados por la Justicia por posible violación a los derechos humanos.
En esa ocasión, el presidente del Cels también anunció que iba a iniciar acciones contra el jefe del Ejército, el teniente general Ricardo Brinzoni, al que consideró como partícipe de supuestos delitos contra los derechos humanos durante la dictadura.
El Ejército contraatacó haciendo la masiva petición de información sobre sus oficiales, pero el Cels transformó virtualmente en un boomerang esa demanda de los jefes castrenses, ya que les requirió más datos para poder acceder al pedido.