El Departamento de Justicia de los Estados Unidos se comprometió ayer ante el gobierno de Fernando de la Rúa a otorgar un "trato prioritario" a los pedidos de cooperación presentados por el juez federal Jorge Urso para avanzar en la investigación por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. En ese contexto, Luis Sarlenga, ex interventor de Fabricaciones Militares (FM) y primer "arrepentido" de la causa por el tráfico de armas a Ecuador y Croacia, recuperó la libertad ayer tras haber permanecido dos años y seis meses preso.
El magistrado, en tanto, inició gestiones para celebrar una reunión conjunta con el canciller Adalberto Rodríguez Giavarini, el ministro de Justicia, Jorge de la Rúa, y el embajador estadounidense James Walsh.
La información fue suministrada por fuentes judiciales que aseguraron que Urso pretende "tener una reunión con el canciller, el ministro y el embajador, a los fines de explicar personalmente la importancia y el objetivo de los pedidos de asistencia".
Sin embargo, otras fuentes no descartaron que la reunión que promueve el juez pudiera estar vinculada con las posibles convocatorias a declarar, en el marco de la causa por la venta ilegal de armas, al ex embajador de los EEUU James Cheek y al actual representante diplomático de Argentina en Washington, Guillermo González.
Cheek fue mencionado en la confesión que Sarlenga formuló ante Urso el 6 de abril pasado, cuando dijo que el entonces embajador estadounidense gestionó la habilitación a la empresa aérea Fine Air, que transportó fusiles y municiones, en forma clandestina, desde Buenos Aires a Guayaquil y Quito, Ecuador. González, ex subsecretario de Asuntos Políticos de la Cancillería, chequeó el decreto 103 mediante el cual, en 1995, el Poder Ejecutivo autorizó exportaciones de material bélico a Venezuela cuando el destino real del armamento fue Ecuador, que estaba en guerra con Perú.
Sarlenga, en la declaración que ayer le abrió las puertas de la cárcel, habría manifestado que el embajador González realizó una serie de trámites vinculados a la venta ilegal de armas, los cuales se habrían coronado con la firma del decreto 103 por parte de ex canciller Guido Di Tella, que será sometido a juicio oral por las maniobras.
Urso, además, interrogará nuevamente mañana a Lourdes Di Natale, ex secretaria privada del detenido Emir Yoma.
Y quedan aún pendientes las audiencias en las que los ex ministros de Defensa, Oscar Camilión y Antonio Erman González, y el ex canciller Di Tella, serán indagados bajo cargos de asociación ilícita.
Nuevamente en casa
Sarlenga fue liberado tras dos años y medio de cárcel y sólo diecisiete días después de haber sindicado a Yoma como artífice de las exportaciones clandestinas de armamento.
Porteño y de 58 años de edad, el ex titular de FM recuperó la libertad pasadas las 16 desde los Tribunales federales de avenida Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro.
En esa sede judicial, el ex funcionario afrontará el juicio público que el Tribunal Oral en lo Penal Económico (Tope) Nº3 sustanciará por el contrabando de miles de toneladas de armas y municiones a países beligerantes.
Además Sarlenga, productor aceitunero y ex titular de la Unión Industrial de La Rioja -donde desarrolló su actividad agropecuaria y comercial- está procesado e irá a juicio oral cuando el juez federal Jorge Urso eleve el expediente principal que se instruye en los Tribunales por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia.
La liberación del ex interventor de FM fue posible por dos motivos: el acusado colocó el inmueble de un amigo como garantía de la fianza por 150 mil pesos que le fijó el Tope 3 cuando le concedió la excarcelación y, además, el juez Urso procesó la semana pasada a Sarlenga como miembro de una asociación ilícita, pero en virtud de esa calificación penal no le impuso prisión preventiva.
Para Urso, el organizador de la banda delictiva que exportó armas y municiones argentinas en forma clandestina no fue Sarlenga sino Emir Yoma, que quedó preso horas después de la confesión que el ex mandamás de FM brindó el 6 de abril pasado.
La Ciudad
