Las revelaciones sobre la existencia de una red de recaudación ilegal sellaron la suerte de la cúpula policial de Rosario. El jefe de la Unidad Regional II, Francisco Previtera, fue relevado ayer de su cargo y lo mismo ocurrió con el subjefe de la fuerza, Roberto Jesús Roldán. El gobernador Carlos Reutemann, junto a las autoridades provinciales de seguridad pública, dispuso además intervenir por 90 días la Jefatura de Rosario. Al tiempo que se anunciaban las remociones fueron puestos en funciones los dos encargados de la intervención: Ricardo Milicic, actual subjefe de la policía santafesina, y Víctor Sarnaglia, jefe de las Tropas de Operaciones Especiales .
La decisión del gobernador fue considerada en ámbitos políticos como una firme actitud que apunta a poner fin a las sospechas de recaudación ilegal en la policía rosarina. La resolución fue anunciada ayer a las 10 por el ministro de Gobierno, Angel Baltuzzi, y el subsecretario de Seguridad Pública, Enrique Alvarez. Ambos explicaron que las sustituciones se decidieron a raíz de los informes periodísticos publicados por La Capital, a partir del domingo pasado, sobre la conformación mensual de un presupuesto clandestino no menor a 300 mil pesos mediante aportes a una caja recaudadora manejada por policías.
Los ex conductores de la policía rosarina no serán asignados por ahora a otros destinos. Igual ocurrirá con los jefes de tres importantes reparticiones de Jefatura que se van con ellos. Uno es Reynaldo Andrada, de la Agrupación Unidades de Orden Público, que maneja todas las comisarías. El otro es Hugo Giuliano, de la Agrupación Unidades Especiales, responsable del área de investigaciones. El tercero es Ignacio Siffredi, jefe de la división Judiciales.
Los reemplazantes para esos cargos entraron en funciones ayer a las 17. Edgardo Arana, que era subjefe de la Unidad Regional de Villa Constitución, asumió en Unidades Especiales. Y Luis Pogliese, ex inspector de la zona 2ª de Rosario, ingresó en Orden Público. El nuevo titular de Judiciales es José Manuel Maldonado.
Facilitar la acción de la Justicia
Baltuzzi aclaró que la decisión adoptada "no implica prejuzgamiento alguno respecto de presuntos hechos que fueron motivo de denuncias periodísticas y se establece al solo efecto de facilitar la plena libertad de acción de la Justicia".
La divulgación de la existencia de cajas negras policiales generó un huracán dentro de las dependencias de la URII. El informe periodístico detalló las formas en que, por la vía de las comisarías y de las secciones de Jefatura, se canalizaban aportes fijos mensuales a la superioridad. Los aportes de esas cajas procedían de sobrefacturaciones en compras a proveedores de la departamental, servicios adicionales cobrados y no prestados, cuotas colectadas de explotadores de juego clandestino, prostitución, contrabando, curanderismo; negocios con combustible destinado a las patrullas, cobros indebidos de documentación personal y arreglos por documentación de vehículos, entre otras variantes.
El lunes pasado, la directora de Asuntos Internos inició una causa penal en los tribunales de Rosario a instancias del Ministerio de Gobierno. Un día después, una auditoría especializada llegó a la sede de la URII para examinar los registros contables por orden del jefe de policía provincial, José Storani. Ese mismo día un comisario en disponibilidad, Juan José Lobo, pidió que se anexaran las nuevas causas por las cajas negras a una presentada por él en 1997, en la que dio cuenta de que sus superiores le exigían recaudar para ellos. El miércoles se conoció el procesamiento a una subcomisaría por estafa con adicionales que, según informantes calificados, son tributos fijos para el presupuesto sucio. El viernes se confirmó que el hasta ayer jefe policial de Rosario vive en una casa en Funes enganchada al alumbrado público.
La cuestión tuvo tal resonancia que el gobernador Carlos Reutemann se pronunció sobre ella al promediar la semana. "Es importante que estas cosas salgan a la luz. No estoy aquí para encubrir a nadie, investiga la Justicia", fue su posición.
El reacomodamiento de la URII se terminó de resolver ayer a las 2 de la mañana. Fue luego de un período de conversaciones telefónicas mantenidas durante seis horas entre Baltuzzi y Alvarez. Ambos funcionarios respaldaron la determinación de Reutemann, y cerraron los relevos y la intervención. Y ayer muy temprano convocaron a la prensa a una breve audiencia en la sede rosarina de la Gobernación.
Baltuzzi negó ayer que la situación de la vivienda particular de Previtera, que tiene tres luminarias orientadas hacia su jardín conectadas en forma ilegal al alumbrado urbano, fuera desencadenante de las medidas. "Estaba decidido desde antes de que se conociera este hecho, que estará bajo análisis en un juzgado correccional. La decisión que adoptamos es de mayor magnitud, lo demás es un tema de menor cuantía", planteó Baltuzzi.
La situación habría hecho más insostenible la permanencia de Previtera, pero el alcance de los relevos a otros oficiales revela que la medida tiene que ver con una cuestión que trasciende al ex jefe rosarino.
La Ciudad
