La crónica diaria, lamentablemente, marca una realidad despiadada, cruel, angustiante para muchos santafesinos, especialmente para una buena parte de los rosarinos que alguna vez conocieron el esplendor del poderoso cordón industrial hoy devenido pobre. Aquellos trabajadores que alcanzaron a formar parte de una fuerte y estable clase media hoy padecen las graves privaciones que un minúsculo sector de argentinos desconoce, para fortuna de los que pertenecen a esa clase.
Así, aquellos trabajadores que con esfuerzo podían, no obstante, proteger a sus familias y educar a sus hijos, no tienen satisfechas hoy las necesidades básicas a las que tiene derecho todo ser humano. Y no se trata sólo del derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, sino de un derecho básico, elemental e imprescindible para la vida como el derecho a alimentarse. Aquellos trabajadores y sus hijos pasaron de la dignidad que confiere el trabajo a la pena de la desocupación o, en el mejor de los casos, de la subocupación o el impredecible e inestable cuentapropismo. Para qué abundar en detalles de esta realidad social lacerante que el ciudadano rosarino conoce de sobra.
La crónica diaria del sur santafesino habla también de una cascada de quiebras y concursos preventivos a los que invariablemente llegan pequeñas y medianas empresas y comercios que no pueden sobrevivir en un mercado cada vez más acotado. El efecto es, naturalmente, más desocupados. En este contexto, se puede afirmar que no son muchas las empresas del sur provincial que están en condiciones hoy de dar trabajo, por no decir ninguna. No hay que ser precisamente un iluminado o un profundo conocedor del ámbito político, además, para darse cuenta del esfuerzo que hacen los gobiernos provinciales, incluso el propio gobierno de la provincia de Santa Fe, para lograr el asentamiento de empresas cuyo funcionamiento implique al menos dar trabajo a veinte o treinta personas.
Los hechos y los intereses
A pesar de esta triste realidad, paradójicamente, hay funcionarios de rangos menores del gobierno provincial por cuyas mentes pasa la idea de cerrar tres fuentes de trabajo que significan empleo para ochocientas personas y el medio de subsistencia para otras tantas familias rosarinas. En efecto, un sector del gobierno de la provincia medita por estas horas, y quién sabe por qué mezquinos intereses ajenos a la vida y necesidad de los trabajadores, cerrar las tres salas de bingos que funcionan en Rosario y que son el medio de vida de cientos de personas. Y el hecho es paradójico por varias razones: en primer lugar porque mientras en el país y en la provincia hay quienes se devanan los sesos tratando de aplicar medidas para lograr más fuentes de trabajo, aquí se piensa en dejar en la calle a cientos de personas. Pero en segundo lugar, mientras en el mundo y en el país se vincula al turismo con las salas de juego de manera de establecer otras fuentes de recursos; mientras que desde el propio gobierno provincial se impulsan nuevos juegos y se aguarda la sanción de la ley que permita la apertura de casinos y reglamente la actividad de los bingos, por otro lado se proyecta un fantasma: el fantasma del despropósito de clausuras blandiendo la implacable espada de la desocupación. ¿Detrás de qué objetivo? ¿Acaso por cumplir con nobles fines morales o legales? ¿O tal vez por razones personales de algunos sectores de poder enfrentados con propietarios de estas salas de juego?
Si los fines son morales, la hipocresía ha conseguido para el caso un fino disfraz porque la respuesta para tal argumento se desvanece con un interrogante: ¿quién podrá tildar de pecaminosos a aquellos sacerdotes, pastores o laicos que en parroquias pobres organizan cotidianamente rifas y bingos con el generoso propósito de recaudar dinero para los comedores donde se alimenta a cientos de niños? Lo muy cierto es que distinguidos sacerdotes rosarinos, entre quienes se encuentran curas fundadores de hogares y cuyo trabajo es encomiable a favor de los desprotegidos, reciben aporte de los bingos que hoy quieren cerrar para la consecución de las obras. Algo que seguramente los funcionarios que piensan en las clausuras de las salas desconocen. Los ejemplos en este sentido abundan.
Si el propósito, como seguramente se habrá de fundamentar, es la falta de legalidad de estas salas para funcionar a partir de que tanto la Corte de la Nación como de la provincia dejaron sin efecto los recursos de amparo que las sostenían, pues entonces conviene realizar una breve disquisición. A menudo los jueces y también los políticos se enfrentan con una crucial disyuntiva: fallar teniendo en cuenta el espíritu de la fría ley o el sentido de justicia. Y esto porque no siempre lo que establece la ley es lo justo en una sociedad dinámica, cambiante, cuya realidad se transforma cotidianamente. Un preclaro jurista de la provincia de Santa Fe, magistrado y de reconocido nivel en el país y en el extranjero, acaba de señalar, en este sentido, que los jueces deben fallar teniendo en cuenta fundamentalmente el derecho.
Claro, no todos poseen la sensibilidad necesaria y el talento suficiente para comprender esta cuestión que es simple en el fondo y que puede traducirse diciendo que por sobre cualquier cuestión está la persona y el derecho que le asiste. El derecho a la vida, al trabajo, a la salud, a la alimentación, a la paz moral y a todos aquellos derechos que puedan imaginarse y que son la causa de todos los tratados creados. Porque el derecho está para servir al hombre y no lo contrario. A partir de esta breve reflexión cabe la pregunta: ¿qué tipo de problema ocasionan a la sociedad rosarina o al propio Estado los bingos? ¿Qué dolo cometen? ¿Qué derecho avasallan? ¿Acaso se fomenta con ellos la pobreza o hay quienes pierda en ellos la conciencia laboral o de una vida digna o virtuosa? De ninguna manera. El testimonio vivido por el ex subsecretario de Justicia y el ex subsecretario de Seguridad Pública, Alejandro Rossi y José Bernhardt, respectivamente, fue contundente cuando quisieron cerrar estas salas durante la gestión del ex gobernador Jorge Obeid: los jubilados que habían concurrido a pasar un rato a entretenerse les dijeron de todo excepto justificar el pretendido cierre.
Justificar lo injustificable
Habrá quienes acaso deseen dar a esta columna un sentido distinto al que en realidad tiene, porque siempre existen aquellos que justifican la sinrazón con más sinrazón o con fundamentos absurdos. También están quienes sostienen que el cierre pensado se ajusta a cuestiones personales entre funcionarios y propietarios de estas salas; internas de instituciones deportivas o cuestiones de orgullo que pasan por obtener la victoria después de sucesivos y fracasados intentos de clausurar esta actividad en el pasado. Sostener eso es subestimar la grandeza de espíritu de los funcionarios que más tarde o más temprano estarán involucrados en el tema, como la fiscal de Estado o el ministro de Gobierno Angel Baltuzzi, cuya formación humanista y cristiana todos conocen.
De lo que se trata aquí es de poner sobre el tapete el problema social que traerá aparejado el cierre de estas salas y de cómo la paz social se verá alterada por cuanto de pronto, de un día para otro y sin más, ochocientas familias quedarán sin sueldos, sin obra social y sin futuro. Y todo ello en el marco de la reflexión de decenas de miles de personas pertenecientes a familias de clase media que habitualmente concurren a estas salas, quienes se preguntarán si no existían otras prioridades en Santa Fe. Claro que las hay y han sido planteadas una y otra vez con acierto por el gobernador Reutemann, quien, por otra parte, ha pedido a los legisladores que apuren la sanción de la ley que autoriza el funcionamiento de los casinos. Mientras tanto, muchas familias están pendientes de la decisión que adopten los funcionarios provinciales encargados del tema.
La Ciudad
