Un comisario en disponibilidad presentó ayer un pedido ante la fiscal Rita Schiappa Pietra para que se unifiquen en el juzgado de Instrucción Nº2 las dos causas abiertas durante este mes por las denuncias de hechos de corrupción y presunta existencia de cajas negras en la policía provincial, publicadas por La Capital. Juan José Lobo, quien pertenecía a la Dirección de Seguridad Rural de la policía provincial, manifestó en marzo de 1997 ante ese tribunal que había sido obligado por sus superiores a cobrar coimas a productores rurales. El abogado patrocinante del comisario principal Lobo, Francisco Palermo, enviará hoy una carta al gobernador Carlos Reutemann. "Si quiere saber qué pasó con esa causa, debería mandar al fiscal de Estado para que vea el expediente", instó el letrado.
Las denuncias sobre la existencia de una caja negra policial que publicó La Capital en dos extensos informes aparecidos el domingo pasado y el 1º de abril último, tienen un antecedente en los tribunales. En marzo de 1997, el comisario principal Lobo se presentó ante el juzgado de Instrucción de la 2ª nominación, a cargo entonces de Ricardo Míguez. Y allí manifestó que sus superiores de la Dirección de Seguridad Rural lo habían obligado a pedir coimas a los productores rurales.
Como contraofensiva, desde la misma fuerza de seguridad Lobo fue acusado de enriquecimiento ilícito y robo de ganado mayor. Luego de la investigación, la jueza Raquel Cosgaya cerró la causa debido a que no se encontraron pruebas suficientes que corroboraran las imputaciones.
Trascartón, Lobo redobló la apuesta y embistió contra aquellos que lo habían denunciado. Se abrió un nuevo expediente por falsa denuncia, en donde inclusive se apuntó contra el que por entonces era el subsecretario de Seguridad Pública, José Bernhardt. Amén del trámite en la Justicia, Lobo fue pasado a disponibilidad, tras radicar las denuncias.
"Esta causa está parada por presiones políticas", disparó Palermo antes de detallar las supuestas vinculaciones de la actual jueza de Instrucción Nº 2, Alejandra Rodenas, con funcionarios del Ejecutivo provincial, que le sirvieron de fundamento al abogado para pedir la recusación de la magistrada. "Nunca se investigó, a pesar de que se pidieron medidas, se aportaron elementos y evidencias", añadió el patrocinante de Lobo, quien consideró que "no hubo voluntad de esclarecer los hechos de corrupción denunciados".
Según Palermo, en el expediente iniciado en marzo del 97 está la punta del ovillo de ilícitos que denunció La Capital en los informes publicados el 1º y 15 de abril últimos.
Lobo pidió a la fiscal Schiappa Pietra que se unifiquen con la suya las dos causas abiertas en los juzgados de Instrucción de la 1ª y 3ª nominación a raíz de las publicaciones de este diario.
"El ministro Angel Baltuzzi dijo que desconocía todo esto y el subsecretario de Seguridad Pública, Enrique Alvarez, nos quiere hacer creer que se enteró por el diario. En realidad, nos están tomando el pelo", apuntó, antes de afirmar que las denuncias sobre la existencia de cajas negras en el seno policial se pueden esclarecer si la fiscalía "investiga con seriedad y sin presión política".
Palermo consideró que los ilícitos denunciados "son fáciles de probar", si se revisan los abultados patrimonios de algunos efectivos de seguridad.
Una carta para el gobernador
Palermo adelantó a La Capital que enviará hoy una carta al mandatario provincial. Recordó que tiempo atrás Reutemann había pedido que se denunciaran los hechos de corrupción. "A pesar de que se inició una causa en el 97, todavía no hay respuesta", reprochó el abogado, y consideró que si el gobernador quiere conocer en profundidad qué pasó desde el 97 en adelante con la denuncia presentada por Lobo, debería dar instrucciones al fiscal de Estado para que se interiorice del expediente. "Si se hubiera investigado la primera denuncia que hicimos hace cuatro años, se habría ahorrado mucha plata a la provincia", concluyó Palermo.
La Ciudad
