Lima. - Los comandantes generales del ejército, marina, aviación y policía nacional dimitieron ayer tras los fuertes cuestionamientos a un acta en la que oficiales militares firmaron su respaldo al gobierno de Alberto Fujimori y al autogolpe de 1992. El acta fue suscrita en marzo de 1999 y como prueba de ello existen videos del prófugo ex asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos, que recientemente fueron hechos públicos por el Congreso.
El diario limeño La República adelantó en su edición de ayer que el presidente interino Valentín Paniagua habría determinado que, ante la pérdida de credibilidad de la actual cúpula se requiere designar nuevos comandantes completamente ajenos al manejo montesinista. Así, el presidente escogería para comandar al ejército entre los generales José Huertas y Roberto Chiabra. Para la fuerza aérea se evaluaría a los generales Guillermo Cáceres y Miguel Medina, mientras que para la marina se definiría entre los vicealmirantes Carlos de Souza Ferreyra y Luis Bernales.
Los integrantes de las fuerzas armadas se disculparon ante la ciudadanía "por todos los hechos que en el pasado reciente hubieran comprometido a sus instituciones en actos ajenos al estricto cumplimiento de su misión constitucional" y condenaron explícitamente el autogolpe de Estado de 1992. Los comandantes aseguraron que fueron obligados a firmar el acta de marzo de 1999.
Comunicado histórico
En un comunicado leído por el presidente del comando conjunto de las fuerzas armadas, general Pablo Carbone, los militares expresaron por primera vez su "rechazo y condena a la ruptura del orden constitucional del 5 de abril de 1992", cuando el presidente Alberto Fujimori disolvió el Congreso y asumió poderes omnímodos con el sólido respaldo castrense. "La violencia terrorista que enfrentó a los peruanos durante 20 años fue el pretexto que usó el gobierno de facto para sobredimensionar al SIN (Servicio de Inteligencia Nacional) y para someter al control absoluto de éste no sólo a las fuerzas armadas y a la policía, sino a los órganos del Poder Constitucional", reconoce el comunicado.
"Para este objeto, Alberto Fujimori permitió y avaló la injerencia indebida y creciente de Vladimiro Montesinos, quien sometió paulatinamente a las fuerzas armadas y a la policía al control del SIN con el consentimiento de los ministros de Defensa e Interior y los comandantes generales de los diferentes institutos", agrega. "Fue durante esa etapa que se produjo un grave proceso de cooptación, sujeción y corrupción que alcanzó no sólo a las fuerzas armadas sino a todos los poderes e instituciones constitucionales e incluso a empresarios y otros sectores de la sociedad civil", añade el histórico documento.
Carbone, comandante de la fuerza aérea, y sus colegas del ejército, general Carlos Tafur; la marina, vicealmirante Víctor Ramos, y la policía, general Armando Santistevan, ubican en ese contexto la firma del documento que en 1999 comprometió a cerca de 2.000 oficiales, incluidos ellos cuatro, con el poder montesinista.
"La orden de convocatoria (a la reunión en que se firmó el acta) no indicaba el motivo de la misma, pero señalaba la obligatoriedad de la asistencia. Los documentos que se suscribieron fueron redactados con antelación, sin haber sido sometidos a debates, procediéndose simplemente a su lectura. La suscripción fue dispuesta de forma intimidatoria y coercitiva, invocándose además para tal efecto la disciplina, lealtad y cohesión institucional", se explican los ahora miembros de la cúpula.
Por esas circunstancias, "y sin ánimo de exculpación", los comandantes afirman que tales documentos "son írritos, no representan ningún compromiso de honor que vincule a los miembros de las fuerzas armadas y la policía, individual o institucionalmente, y por ende no pueden ni deben ser respetados".
La "histórica rectificación", como ellos mismos la llaman, se da después de que se desatara un escándalo al comprobarse que Carbone, Tafur, Ramos y Santistevan estuvieron entre los firmantes de esos documentos en marzo de 1999, tal como se comprobó en los 36 "vladivideos" en que se grabó la reunión.
Junto al comunicado principal, las fuerzas armadas expidieron otro en el que admiten que no hay prueba alguna de que el empresario de televisión Baruch Ivcher haya comprometido alguna vez la seguridad nacional con un posible comercio de armas con Ecuador, argumento que se usó en su momento para quitarle su canal, desde el que hacía oposición a Fujimori.
La Ciudad
