Lavado de dinero. Comisión bicameral define dictamen

Aconsejarían a De la Rúa que eche a Pou del Banco Central

El funcionario no habría dispuesto los controles para evitar las maniobras y sería acusado de mal desempeño

El futuro de Pedro Pou empezará a definirse hoy, cuando la comisión parlamentaria encargada de evaluar su actuación al frente del Banco Central vuelva a reunirse para pulir el dictamen en el que le aconsejarán al presidente Fernando de la Rúa que lo remueva de su cargo.
La mayoría de los cinco legisladores que integran el órgano bicameral llegará al encuentro, desde las 13, con una posición definida en ese sentido, por lo cual la principal tarea será dar el trazo fino al consejo que se emitirá esta semana.
Según los miembros de la comisión, la voluntad común es emitir dictamen cuanto antes, aunque anoche no estaba definido si ello se podría dar hoy mismo.
El consejo que emitan no será vinculante, con lo cual De la Rúa puede aceptarlo o desecharlo, y tiene carácter reservado, por lo que no será comunicado en modo oficial.
La decisión de los legisladores de avanzar en el sentido de impulsar la remoción del presidente del Banco Central (y quizá de otros miembros del directorio) se mantuvo constante a pesar de los vaivenes de las últimas semanas del ministro de Economía, Domingo Cavallo, cuando tuvo que referirse a Pou.
El titular de Hacienda en un principio respaldó al banquero, pero después le atribuyó la responsabilidad de la recesión económica por su rígida política monetaria. Ayer volvió a decir que respetaba la autonomía del Banco Central y que "no deseaba" que Pou se aparte de su cargo.
No obstante, su propuesta de incorporar el euro como nueva variable de la convertibilidad, se enfrenta con la tradicional posición de Pou en el sentido de orientarse hacia una dolarización de la economía.
Los integrantes de la comisión, los senadores Mario Losada (UCR), Alcides López (UCR) y Carlos Verna (PJ), y los diputados Raúl Baglini (UCR) y Víctor Peláez (UCR), mantuvieron hasta ahora su compromiso de no adelantar formalmente su opinión sobre la situación de Pou.
Sin embargo, hace varias semanas trascendió que los cuatro radicales manifestaron su intención de promover el relevo del banquero por considerar que no controló adecuadamente el lavado de dinero y que no hizo lo suficiente para evitar el cierre de los bancos Patricios, Mayo e Integrado Departamental.
De esta forma habría incurrido en lo que la ley establece como mal desempeño de funciones, de acuerdo con lo establecido en la carta orgánica del Banco Central.
Todavía está en duda la posición del único justicialista, Verna, ya que si bien es un histórico enemigo de Pou, algunos pares suyos sugieren que puede plantear una disidencia parcial o total con el texto consensuado por la mayoría.
El dictamen final estará integrado por entre 30 y 40 páginas cuyo contenido ya fue bocetado por Peláez, Baglini y López.
Este documento preliminar será puesto hoy a consideración de Verna, para ver qué postura adoptará, y se debatirá si Losada, en su carácter de presidente, debe o no firmar el dictamen si no hay empate.
Según trascendió, Losada prefiere ampararse en su rol jerárquico para no pronunciarse si no hace falta desempatar, pero algunos miembros de la comisión, como el caso de López, le reclaman que sume su rúbrica porque no está especificado en el reglamento que sólo deba hacerlo en ese caso especial.
En la distribución de tareas para la confección del boceto del dictamen, Peláez quedó encargado de marcar las deficiencias de Pou en relación con los cierres de los bancos República, Patricios y Mayo.
Baglini, en tanto, asumió la responsabilidad del segmento dedicado al tema del lavado de dinero. López hizo aportes específicos sobre ambos aspectos.
En el segmento redactado por Peláez se responsabiliza a Pou de falta de controles sobre el sistema bancario, permisividad con el Banco República, faltas a la ley de entidades financieras e injustificadas condonaciones de deudas.
En relación con el Banco Patricios se señala la ausencia de medidas para solucionar la deuda de más de 50 millones de pesos que quedó con los ahorristas que tenían obligaciones negociables al momento de la caída de la entidad.