Desaparecidos. Los testigos pueden resultar imputados

Piden que Galtieri, Díaz Bessone y Rolón declaren en Rosario

Se trata de la causa en la que se investiga el secuestro de Alejandro Pastorini

Eduardo Valverde

Los abogados patrocinantes de un detenido-desaparecido durante la dictadura procesista, acompañados por dirigentes de organismos defensores de los derechos humanos, presentaron ayer un recurso ante los Tribunales federales para que Leopoldo Fortunato Galtieri, Ramón Genaro Díaz Bessone y Juan Orlando Rolón presten declaración testimonial en Rosario, y no mediante exhorto, como se había decidido oportunamente. Los ex militares podrían resultar finalmente imputados.
La presentación fue realizada en el Juzgado Federal Penal Nº3, a cargo de Carlos Carrillo, en el marco de la causa "Romanini Cristina, sobre búsqueda de la verdad histórica en relación a la desaparición de Alejandro Pastorini".
La abogada Matilde Bruera, patrocinante de la parte querellante, aseguró a La Capital que "el escrito se presentó ante el magistrado contra la resolución del 30 de marzo de 2001, mediante la cual se ordena la declaración en sede judicial por la causa en trámite de Galtieri, Díaz Bessone y Rolón por exhorto, lo que equivale a que los nombrados no declararían en Rosario, sino en sus actuales lugares de residencia y ante otro juez".
La abogada destacó que la querella considera que "la declaración prestada por exhorto frustra el objetivo de búsqueda de la verdad", al tiempo que aseguró que "todas las acciones judiciales deben tender a ese objetivo fundamental, que es la realización del derecho constitucional a la verdad y la justicia".
Bruera añadió que "la declaración de los citados por el Tribunal, lejos de la sede de los familiares de las víctimas, y de todas las personas que conocen cómo se desenvolvió el aparato represivo en la década del 70 en Rosario, y cómo se desarrollaron los hechos en este caso concreto, entorpece el objetivo constitucional de esta acción penal sui géneris".
"Para que las declaraciones ordenadas -agregó- sean útiles, es necesario que estén presentes en la audiencia la querellante, y los familiares que pueden aportar los datos y las preguntas concretas en el momento de la audiencia".
La profesional destacó que "un juez radicado en otra ciudad, que desconoce cómo fue el accionar de la policía de Rosario, bajo el mando operacional del Segundo Cuerpo de Ejército, el accionar de bandas parapoliciales, los centros clandestinos de detención, cómo fue y cómo se llegó a estructurar el denominado «Juicio Feced», y todas las circunstancias concretas que hacen a la represión vinculada al hecho puntual, sólo puede limitarse a cumplir un acto totalmente formal y vacío de contenido y de objetivos legales".
"Sólo se constituye por esta vía (la declaración por exhorto) un camino más de impunidad, como los que viene sufriendo la sociedad argentina desde hace 25 años", afirmó la abogada.
Luego de resaltar que se pidió al juez que "disponga que Galtieri, Díaz Bessone y Rolón presten declaración en la sede del Tribunal de Rosario", Bruera precisó que "estas personas son testigos coyunturalmente, pero con un serio riesgo de quedar sometidos a indagatoria a proceso penal, ya sea en esta jurisdicción o en otra del país".
Tras destacar que la declaración por exhorto "sólo debe hacerse en forma excepcional", la abogada se preguntó "por qué se otorga un privilegio a los militares involucrados que ellos ni siquiera invocan" y resaltó: "Estamos solicitando justicia, no impunidad".
Bruera precisó, finalmente, que el escrito presentado lleva, además de su firma, las de los abogados Juan Roberto Coria, Juan T. Lewis, Florencia Barrera y María Valeria Rosso Ponce; de la compañera de Pastorino, María Cristina Romanini; Norma Ríos y Marta Maders, por la APDH; Norma B. de Vermeulen, por Madres de la Plaza 25 de Mayo; Silvia C. de White, Elida Luna y Yolanda de Medina, por Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, y del concejal Daniel Luna (UCR), titular de la comisión de Derechos Humanos del Concejo Municipal.