Las tarifas residenciales de electricidad se reducirán en promedio un 35%, asegura un informe oficial incluido en los pliegos de concesión de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) que está siendo evaluado por la comisión bicameral de seguimiento de la privatización de la compañía estatal. Los descuentos destinados a otros sectores, como jubilados, comercio e industria son inferiores, pero en todos los casos se verifica lo establecido por la ley de transferencia. De todos modos, los legisladores que integran la comisión consideraron insuficiente la información suministrada por la intervención de la compañía, y reclamaron más detalles para conocer las estructuras de tarifas por cada segmento de consumidores.
El análisis tarifario forma parte del voluminoso expediente que llegó a manos de los legisladores santafesinos, quienes deberán emitir un dictamen no vinculante. El trabajo lleva la firma de Gonzalo Echen, jefe de la unidad prospectiva de la EPE y pretende verificar por medio de una simulación de facturación que el futuro cuadro tarifario a cumplir por el futuro concesionario privado responde a los contenidos de la ley 11.727, sancionada a fines del 99.
Para ello se compararon las tarifas vigentes durante el año 99 con los propuestos para la nueva Esfesa, a valores del mismo período. Como resultado de ese cotejo, surge que los usuarios residenciales se beneficiarán con un descuento del 35,5%; el comercio con un 34,7; la industria un 18,7% y los jubilados un 11,5. En todos los casos se verifica que estos consumos simulados están por debajo de las previsiones establecidas por la legislación, que establecían descuentos de un 30% para usuarios residenciales, 25% para los comerciantes y un 10% tanto para jubilados como la industria.
El informe sale a la luz pública pocos días después de que La Capital divulgara una encuesta que dio cuenta de los cuestionamientos rosarinos en torno a la privatización de la EPE. De acuerdo al relevamiento de la consultora Glavinich publicada el domingo 8 de abril, un 57% de los encuestados piensa que las tarifas pos privatización serán más altas que las actuales, y sólo un 15,4 opina que se reducirán.
De hecho, los vecinos de Rosario no son los únicos que tienen dudas sobre el futuro cuadro tarifario. Los integrantes de la comisión bicameral que encabeza el senador justicialista Daniel Depetris entienden que la información que llegó a sus manos resulta insuficiente, y le pidieron al interventor de la EPE, Antonio Caro, que remita al cuerpo parlamentario información complementaria que incluya estructuras tarifarias por sector, para tener una idea más acabada del impacto que traerán el cambio de mando.
El régimen tarifario vigente de la compañía estatal está plagado de distorsiones, por lo que el resultado de una simulación no necesariamente reflejará las situaciones de los distintos segmentos de usuarios. Para dar una idea esas distorsiones cabe recordar que muchos directamente no pagan su consumo, como los empleados de la EPE y los colgados, y también se castiga a quienes más consumen.
Así, por ejemplo, un usuario residencial que consume 491 kilowats en un bimestre paga sin impuestos 8,52 pesos por los primeros 120 kw., 11,78 por los segundos 120 kw. y la friolera de 49,53 pesos por los 251 kw. restantes. En promedio este usuario paga 0,16 pesos por kw., que coincide con el promedio de las tarifas vigentes en 1999. En cambio, un usuario que gastó en el último bimestre 183 kilowats paga sin impuestos 24,10 pesos, de lo que resulta un promedio de 0,13 pesos por kw.. En este caso, si se toma la guía de los consumos promedio, se estaría hablando de un descuento de apenas la mitad.
La fórmula tarifaria
¿Cómo se manejarán los cuadros tarifarios una vez privatizados los servicios de distribución? Fuentes de la EPE consignaron que el nuevo sistema fija tarifas máximas, que son iguales para cada tipo o categoría de clientes en todo el territorio provincial. Además se prohíbe la existencia de subsidios cruzados entre categorías de clientes, aunque se fija una serie de subsidios específicos para consumos acotados, ya sea se trate de jubilados, carenciados, usuarios ocupantes de asentamientos irregulares y asociaciones civiles sin fines de lucro.
El sistema de determinación de tarifas permitirá incorporar cada seis meses, con correcciones trimestrales, las variaciones de precios de compra de potencia y energía eléctrica que sancione la secretaría de Energía de la Nación.
La ley de privatización permite la actualización de los costos que los prestadores no pueden controlar. Este punto, aseguran desde la intervención, se basa en la existencia de un mercado de naturaleza monopólica que impide la fijación de precios en competencia. Por lo tanto, se hace necesaria una revisión permanente de los costos para evitar la aparición de beneficios extraordinarios que vayan a manos del concesionario, o bien quebrantos que desfinancien la empresa y pongan en riesgo la prestación de los servicios.
La estructura del cuadro tarifario y la fórmula de actualización será fijo para los primeros cinco años de vigencia del contrato.
La Ciudad
