Marcelo Ifrán es un interno de la Unidad 3 que lleva más de siete años detenido y a quien le falta aproximadamente un año y medio para acceder al régimen de libertad asistida. En los últimos cuatro años no recibió ninguna sanción disciplinaria ni faltó a sus destinos laborales. En el mismo lapso de tiempo su conducta fue calificada como ejemplar. Sin embargo, su concepto -el otro objeto de la evaluación que hace de los presos el Servicio Penitenciario- ha sido y es regular.
El caso de Ifrán no supone un hecho excepcional. "Por el contrario, es una situación que soportan numerosos presos", dice Lilian Echegoy, de la Coordinadora de Trabajo Carcelario. Incluso no parece el más grave. La Coordinadora pone como ejemplo a un recluso de apellido Priotti, recluido en la cárcel de Coronda, quien tiene conducta ejemplar desde hace seis años y sin embargo su concepto, como si se tratara de una persona diferente, se mantiene como regular.
La calificación del concepto tiene una importancia decisiva para el preso: "incide en la libertad condicional, el pase a la faz confianza y al período de prueba", dice Arturo Gandolla, director del Servicio Penitenciario. En el caso de Ifrán, la nota regular le impide acceder a salidas transitorias.
El sistema de calificaciones
Los presos son evaluados en forma trimestral en concepto y conducta. Las notas pueden ser pésima, mala, regular, buena, muy buena y ejemplar y son impuestas, según explica Arturo Gandolla, director del Servicio Penitenciario, por "el gabinete de tratamiento y clasificación, que está integrado por un psicólogo, un abogado, un psiquiatra y el celador. Es un equipo interdisciplinario cuyo jefe es el jefe correccional de la Unidad de que se trate. Todos son empleados del Servicio Penitenciario".
"Yo no sé si el concepto es arbitrario -dice Gandolla-. Lo que sí es subjetivo. La conducta, en cambio, es una cosa objetiva. Si una persona está detenida y, como dicen los presos, sabe caminar la cárcel y no se hace sancionar tendrá buena conducta; pero si de las entrevistas con los profesionales, del nivel de reincidencia que ha tenido, de la impresión que tienen los encargados del tratamiento, surge que es una persona con escasas posibilidades de rehabilitación y que va a reincidir apenas salga a la calle, entonces va a tener un concepto regular".
-¿Cómo se define el "concepto" de un preso? \-Tiene necesariamente que ver con el pronóstico criminológico. Para poner un ejemplo: existen personas que tienen conducta ejemplar pero cuando conversan con uno se jactan de su habilidad delictual. Esa persona, por más que su conducta sea ejemplar, no puede merecer un concepto bueno porque el concepto es de algún modo una recomendación que se da al juez de ejecución penal sobre las posibilidades de readaptación social que tiene esa persona. Evidentemente esto es subjetivo y por ahí se corre el riesgo de que en algún caso pueda haber arbitrariedad.
Para los organismos de derechos humanos, las calificaciones que se imponen a los presos suelen servir como formas de represalia para sancionar conductas en motines o castigar a quienes declaran en investigaciones que comprometen a personal penitenciario. Al respecto, Gandolla dice que "los internos tienen la facultad de apelar una calificación, aunque muchas veces no la ejercitan y el concepto queda firme".
La forma de apelar, explica Gandolla, consiste en presentar una nota, que después es considerada por "una nueva junta de calificación donde ya intervienen estamentos superiores".
"Una forma de control"
Para la Coordinadora de Trabajo Carcelario, la raíz del problema se encuentra en el hecho de que los presos sean calificados por personal penitenciario. "Los actuales integrantes de los gabinetes dependen de los jefes del Servicio Penitenciario, son sus subordinados y entonces muy rara vez pueden contradecir las opiniones de las autoridades", dice Lilian Echegoy.
"El problema del concepto es generalizado y forma parte del reclamo permanente de los presos. El concepto es algo muy abstracto, a veces tanto que muchos presos tienen conductas ejemplares durante años y el concepto es regular. El concepto es una medida de control del Servicio Penitenciario sobre los presos", agrega la vocero de la Coordinadora.
En ese sentido, "cuando se produjo la última gran huelga de hambre en Coronda hubo un compromiso tomado por la Subsecretaría de Justicia frente a los delegados de los presos para crear una comisión fiscalizadora de los gabinetes. Nosotros proponemos que los evaluadores de los presos no sean empleados del Servicio Penitenciario".
La apelación por las posibles arbitrariedades en las calificaciones podría ser agilizadas, para la Coordinadora, con la creación del procurador penitenciario, figura que existe en la provincia de Buenos Aires desde 1993.
Según el decreto que dispuso su creación, el procurador penitenciario "está facultado para formular recomendaciones a los funcionarios del Servicio Penitenciario y a las autoridades de las que depende la resolución de los hechos que se investiguen". Entre los fundamentos de su creación se cuenta la necesidad de "contar con un instrumento jurídico que permita proteger con rapidez y eficacia los derechos de los internos, ya que resulta notorio que en las cárceles existen cuestiones que derivan en la indefensión de los presos".
-¿Cuál sería la utilidad de esa figura en Santa Fe? \-Los presos y familiares podrían dirigirse a él sin intervención de las autoridades penitenciarias. Una de las condiciones es que el procurador no reciba directivas de ningún organismo ni de ninguna autoridad, un requisito para investigar con independencia. En Santa Fe sería útil para investigar cuestiones que quedaron sin resolver y que implican a personal penitenciario: motines que se han producido en cárceles, o la situación de los presos del ex pabellón 5 de Coronda.
La Ciudad
