Una vez que logre apagar los incendios más urgentes -debilidad fiscal y riesgo de cesación de pagos- se espera que Domingo Cavallo avance con una reforma impositiva integral que simplifique el esquema de recaudación para facilitar el control de la evasión y elimine los impuestos distorsivos. Los poderes especiales que le otorgó el Congreso serán clave, porque le permitirán eliminar exenciones impositivas sin consultar al Parlamento y negociar con mayor fortaleza cambios en el esquema tributario de las provincias. El objetivo lo explicitó en su primer discurso como nuevo ministro ante empresarios y banqueros: "En un año habrá dos grandes impuestos, IVA y ganancias, y se eliminará gradualmente al resto".
Allí las provincias desempeñarán un rol clave, porque desde la óptica del poder central los principales gravámenes que perjudican a la producción operan en el interior y tienen una identidad precisa: ingresos brutos y sellos. Estos dos impuestos, convertidos en los malos de la película, son las joyas de la recaudación provincial, y por ello los gobernadores quieren garantizarse un impuesto alternativo antes de dejarlos sin efecto.
En Santa Fe, el impuesto a los ingresos brutos recauda unos 430 millones de pesos anuales, casi el 50 por ciento de los ingresos tributarios provenientes de la provincia. Por sellos, a la Tesorería santafesina ingresan otros 150 millones. Es decir, entre ingresos brutos y sellos, Santa Fe recauda el 65 por ciento de sus recursos fiscales, y algo similar ocurre en el resto de las provincias.
El problema de ambos gravámenes es que afectan a las empresas y tienen un efecto cascada sobre el andamiaje tributario, que genera una presión fiscal aún mayor sobre los sectores productivos y les hace perder competitividad. Según el especialista tributario Jorge Gebhardt, socio director del Departamento de Impuestos de Ernst & Young, "los gravámenes más distorsivos son los que tienen un efecto cascada: se aplican en todas las etapas de la producción y la comercialización, hasta el consumidor final. Así, cada agente lo toma como costo, y le aplica la ganancia que le corresponde obtener. De esta manera, el resultado acumulado es que el precio del producto se encarece".
Los grandes objetivos
El objetivo de Cavallo es eliminar ingresos brutos, sellos, renta presunta y el gravamen a los intereses de los créditos. Pero las provincias dejarían de percibir unos 7.000 millones de pesos anuales, que deberían ser compensados con otro gravamen. Cavallo estaría dispuesto a otorgar una porción adicional del IVA, que sería de 5 puntos de la alícuota total. Además, pretende rebajar la alícuota de ese impuesto al 20 por ciento (en la actualidad se cobra el 21) y generalizarlo, con lo cual aumentaría su recaudación.
La meta anunciada por el gobierno cuando José Luis Machinea aún era ministro de Economía, había sido consensuar una profunda reforma impositiva que debería entrar en vigencia en el 2002 y ser de largo plazo. El jefe de gabinete, Chrystian Colombo, fue el encargado en su momento de tomar contacto con la oposición y economistas para comenzar a definir esos cambios. Pero la persistente crisis y los problemas fiscales de la Argentina cambiaron el escenario, y ahora las urgencias son otras.
El objetivo que persigue el nuevo equipo económico está vinculado también con la necesidad de coordinar programas de lucha contra la evasión entre la Nación, las provincias y los municipios. En la actualidad, las bases de datos están fragmentadas en los distintos distritos, y es otra las trabas para recaudar más. En esa línea se inscribe la decisión de poner un tope de mil pesos a las operaciones en efectivo.
El otro punto clave de la estrategia recaudatoria es tercerizar parte de las cobranzas de impuestos, una iniciativa fogoneada por economistas como los hermanos Roberto y Juan Alemann, quienes vienen insistiendo en que si el sector privado fuese el encargado de recaudar, los ingresos aumentarían unos 5.000 millones anuales, con lo que se solucionaría el problema deficitario.
La visión de las provincias
Desde las provincias también hubo señales por parte de los gobernadores justicialistas. El más activo es el cordobés José Manuel de la Sota, quien dijo estar dispuesto eliminar el impuesto a los ingresos brutos y sellos en su provincia si la Nación da el primer paso y rebaja el IVA al 15 por ciento. El problema es que la disminución de alícuotas no siempre lleva al contribuyente a cumplir más, como parece empezar a demostrarlo la propia experiencia cordobesa.
Según los especialistas del Instituto de Estudios Fiscales, las modificaciones que podrían sobrevenir con el plan Cavallo "hacen necesario un exhaustivo análisis sobre las finanzas provinciales. El nuevo impuesto a las transacciones financieras no sería coparticipable, y si, además, fuera deducible de IVA o Ganancias, perjudicaría la distribución de éstos, que sí lo son". Por ahora Cavallo no piensa permitir que el impuesto a las cuentas corrientes se tome a cuenta de otros gravámenes.
En forma paralela a la eliminación de ingresos brutos y sellos en las provincias, la Nación ya se comprometió a dejar sin efecto los impuestos a la renta presunta y a los intereses financieros. El primero perjudica a todos: incluso las empresas que pierden plata tienen que pagarlos. Y el que grava los intereses (los préstamos que toman los agentes económicos de los bancos locales) también es distorsivo, porque por lo general afecta los créditos que solicitan las entidades que están atravesando un mal momento económico.
Entre los tributos no distorsivos o neutrales, la mayoría de los especialistas coincide en mencionar el IVA (impuesto al valor agregado) y el impuesto a las ganancias, los dos "grandes impuestos" con los que Cavallo promete crear un sistema impositivo más equitativo y eficaz. Ya lo intentó durante el gobierno de Carlos Menem y no pudo. El gran interrogante es si la segunda será la vencida.
La Ciudad
