Opinión

Juicio a los periodistas

Daniel Abba

En los Tribunales de Rosario debe existir una errónea interpretación acerca de la función de la prensa y su relación con la Justicia. Cada vez que La Capital trata un tema que contiene una denuncia que por alguna razón llegó antes al diario que a los estrados judiciales, muchos fiscales y jueces creen que su mejor aporte al esclarecimiento del caso es convocar a los periodistas que firman las notas.
Es como si interpretaran que están cumpliendo una suerte de mandato social que los obliga a responder de la misma manera cada vez que se hace público algo que debiera concentrar la atención de la Justicia. Tal vez supongan que es motivo de orgullo que entre las repercusiones de algunos artículos se encuentre una cédula judicial reclamando que se investigue, para lo cual la mejor idea siempre es la misma: convocar al periodista.
Hasta habría que sugerir que se elabore un formulario tipo para evitar problemas de redacción y demoras en la confección de un texto adecuado, dejando en blanco los espacios necesarios para poner el nombre del periodista, la identificación del medio al que pertenece, el motivo de la convocatoria y la fecha de la citación.
Ningún periodista se siente reconfortado por ser llamado a Tribunales, especialmente después que ha dicho todo lo que tiene que decir en una nota firmada. Probablemente se sentiría mejor interpretado si su nota diera lugar a exhaustivas diligencias judiciales que alguna vez arrojaran un resultado concreto.
Los oficios judiciales reclamando la comparecencia del periodismo tienen el mismo significado que los mensajes de salutación para fin de año. Sobre todo porque casi nunca permiten obtener mejores datos que los ya expuestos en una nota de investigación. Sería bueno conocer alguna estadística al respecto.
Pero sí provocan un efecto contrario al deseado por fiscales y jueces: perturban y desalientan a la hora de pensar en futuras investigaciones periodísticas. Con lo que las buenas intenciones de quienes creen que convocando a los periodistas dan respuesta a su obligación de actuar en casos tan relevantes como la existencia de cajas policiales o las denuncias de coimas a inspectores municipales, lo único que consiguen es entorpecer la posibilidad de futuros aportes de la prensa.
"Quiero denuncias concretas", fue la respuesta que el ministro de Gobierno Angel Baltuzzi dio a principios de esta semana sobre la existencia de cajas policiales. Por casualidad, al día siguiente pudo leer en La Capital exactamente lo que pedía. Fue entonces que empezó a reclamar más precisiones: hora, día y lugar de los pagos.
"Yo le pago siempre al mismo policía", se cansan de repetir en reserva a periodistas de este diario bolicheros y dueños de bares y negocios. "Que lo denuncien", amenaza el ministro, como si le costara entender que en manos de quienes cobran sigue estando la facultad de clausurar o hacer un procedimiento en lo mejor de la noche.
En cuanto a los medios, a esta altura todos debieran tener claro que el compromiso del secreto profesional garantiza el acceso del público a informaciones que de otro modo hubieran quedado fuera de su alcance, y que debe mantenerse por el derecho a publicar la verdad.
En cuanto a la gente, va a ser muy difícil convencerla de que no falta decisión de investigar, especialmente cuando la fórmula para abordar temas tan delicados se reduce a citar al periodista, en una dudosa medida que en lugar de ayudar termina obstaculizando.