Una prueba de fuego para la Justicia serbia

Belgrado.- "Tengo mi conciencia limpia y tranquila", repitió una y otra vez Slobodan Milosevic, el protagonista principal de la última década teñida de guerra y sangre en Yugoslavia en desintegración. Esto es lo que debería probar el ex presidente ante la Justicia serbia tras su arresto.
El otrora todopoderoso gobernante -hasta su derrocamiento en octubre de 2000- ha sido formalmente acusado de crímenes de guerra y de lesa humanidad por el Tribunal de las Naciones Unidas en La Haya. Pero el gobierno de Belgrado ha rechazado hasta ahora la posibilidad de extraditarlo. Milosevic, que había tejido en su fría estrategia de poder una intrincada red de lealtades políticas y económicas, confronta a la Justicia de su país con una prueba de fuego. No son los crímenes de guerra, sino los delitos económicos, la corrupción y el fraude electoral los que justifican su arresto.
Diplomáticos occidentales acreditados en Belgrado expresaron sus dudas sobre la capacidad de la Justicia serbia para llevar adelante un proceso contra Milosevic. "Va a ser difícil encontrar un juez que se desenvuelva libre del temor a ulteriores represiones contra su persona o sus familiares", señaló un diplomático. "Y va a ser mucho más difícil aún encontrar testigos dispuestos a declarar contra él en un tribunal de Belgrado".
Está por verse hasta dónde llegarían las indagaciones sobre el sistema de poder montado por Milosevic. También la alianza DOS, actualmente en el gobierno, mantuvo durante sus largos años de oposición contactos y relaciones más o menos fluidas con el aparato del régimen. La población parece menos preocupada por la eventual extradición de Milosevic que el gobierno, según una encuesta del diario Blic.
El 51% de los encuestados dice que espera una extradición, el 80% estaría en principio de acuerdo, aunque con algunos condicionamientos. Sólo el 29% aceptaría una extradición incondicional, el 33% prefiere que primero se lo juzgue en Serbia, el 13% considera que se requiere de una reforma legal y el 6% prefiere que primero se afirme el gobierno en el poder.
La fiscal del Tribunal Internacional para Crímenes de Guerra en la ex Yugoslavia en La Haya, Carla del Ponte, ha insistido una y otra vez en su pedido de extradición. Si hasta mediados de abril no se produce la esperada cooperación de las autoridades serbias, aseguró la fiscal, pedirá a la comunidad internacional que ejerza presión sobre Belgrado. Un diplomático occidental descartó la posibilidad de que la ONU acepte iniciar un proceso especial contra Milosevic por crímenes de guerra en Serbia. "Una concesión de este tipo a Belgrado sería una situación especial que no se ha aceptado para nadie, otros países afectados interpondrían inmediatamente una queja formal".