El intendente de Mar del Plata, Elio Aprile, fue involucrado en la contratación indebida de dos contadores, que cobrarían 6,6 millones de dólares como honorarios por hacer un trabajo. Pero el caso que tomó estado público días atrás tiene otras aristas, ya que los profesionales fueron supuestamente contratados para que los usuarios marplatenses no tuvieran que pagar el IVA en la tarifa del agua, como lo venían haciendo, porque no correspondía, y ahora el intendente proyecta hacer obras con el dinero que la DGI le debe reintegrar en lugar de devolvérselo a la gente.
Los concejales Gustavo Pulti, de Acción Marplatense, y Eduardo Salas, del Partido Justicialista, presentaron a principios de marzo una denuncia penal por la contratación directa de dos contadores por parte de la Municipalidad, luego de que el caso tomara estado público. Según explicó Pulti, "además de la vía judicial, se hizo una presentación en el Concejo, por posibles violaciones a la ley orgánica de municipalidades, que prevé que comisiones investigadoras analicen las supuestas inconductas del intendente y sus secretarios.
"Acá el responsable de la contratación es Aprile", dijo Pulti, quien indicó que cuando se desató el escándalo, renunciaron el secretario y el subsecretario de Hacienda, Abel Valderrey y Jorge Castro. En la oportunidad, el intendente trató de justificarse diciendo que estas personas lo habían asesorado mal. Pero, según el concejal de Acción Marplatense, "el contrato ostensiblemente honeroso y manifiestamente ilegal por lo que no podía pasar inadvertido para funcionarios y menos para el intendente, que hace 18 años que está en la función pública. Hay que recordar que fue secretario de Hacienda, dos veces concejal, presidente de la comisión de Hacienda, y ya está promediando su segundo mandato como intendente. Por eso, no puede desconocer las normativas vigentes, ha tenido muchas oportunidades de aprenderlas".
Cobro indebido
Los contadores en cuestión fueron contratados para que hagan una presentación ante la Afip a los efectos de que se restituya el IVA mal pagado e indebidamente cobrado por Obras Sanitarias Sociedad de Estado (Osse) a los usuarios. Según Pulti, existen dictámenes de la DGI del 97 que ya indican que no se debe cobrar el IVA en las cuentas de agua, por eso la presentación de los profesionales contratados en forma directa fue para que se reintegren los montos no prescriptos. "Se trata -indicó- de las facturas de hasta hace cinco años, por eso se estaría hablando de unos 30 millones de pesos de capital y unos 12 millones de intereses. Por eso, teniendo en cuenta que los honorarios pactados son del 15%, estos profesionales cobrarían 6,6 millones de pesos".
Respecto de quiénes son los responsables de esta contratación directa, el concejal apuntó que "hay que investigar la posibles comisiones de delitos ante la transgresión de la ley orgánica de municipalidades y del reglamento de contabilidad por parte de todos los funcionarios que firmaron el contrato más los que intervinieron en los actos administrativos que lo autoriza".
Salas agregó que "siendo que la Municipalidad tiene 7.000 agentes y entre ellos muchos contadores, resulta inadmisible que se contrate a dos personas externas", asimismo observó que "este estudio contable se dedica a concursos, no al tema tributario, por eso es absolutamente sospechoso. Además, cuando presenté un pedido de informes a la Municipalidad, el secretario Legal y Técnico municipal dijo cosas peores que las que nosotros suponíamos".
Pero a esta denuncia se agregó otra más en forma directa contra el intendente: "Aprile -dice Pulti- planteó hacer obras con el dinero reintegrado, pero acabo de presentar un proyecto que advierte que, según antecedentes jurisprudenciales y tributarios, los importes mal cobrados deben ser restituidos a los contribuyentes. Esto fundamenta por qué se debe devolver la plata, entre otras cosas para evitar reclamos, que obligarían a retribuir lo que se cobró mal y los honorarios de los profesionales que hagan las presentaciones".
Salas corrobora que "Aprile aseguró que si se recupera la plata se va a afectar directamente a obra pública. En realidad, el intendente tiene media palabra que le van a devolver entre 30 a 40 millones, pero si usa el dinero sería una exacción ilegal, porque se estaría apropiando de algo que no es de él sino de la gente".
La Ciudad
