Usarán los superpoderes para desregular la salud

El gobierno nacional analiza la posibilidad de utilizar las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, aprobadas por el Congreso, para implementar la libre competencia entre las obras sociales y las empresas de medicina prepagas, según reveló ayer el ministro de Salud, Héctor Lombardo. Esta alternativa surgió tras la decisión adoptada antenoche por el gobierno nacional que dispuso la suspensión de la desregulación de la libre competencia del sistema de salud, mediante el decreto 377, firmado por el presidente Fernando de la Rúa y los ministros del Ejecutivo.
Lombardo señaló que el gobierno analiza "si la derivación que ha hecho de poderes el Legislativo podría ser que afectara una ley de obras sociales" como camino para superar las trabas judiciales que impiden la entrada en vigencia efectiva de la desregulación.
Previamente, la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, había apuntado que el gobierno buscaría la forma de abrir el mercado de la salud por medio de una ley, que sería consensuada entre los distintos sectores involucrados. "La filosofía es la desregularización", remarcó la funcionaria.
Los sindicatos celebraron la decisión del gobierno de frenar la desregulación de las obras social. En tanto, el titular de la Confederación Argentina de Clínicas y Sanatorios privados (Confeclisa), Noberto Larroca, apoyó la suspensión, aunque reclamó al gobierno que convoque a los empresarios de la salud para lograr un consenso respecto al sistema.
La desregulación de las obras sociales fue dispuesta a través de un decreto de necesidad y urgencia, firmado en junio del año pasado, por el entonces vicepresidente a cargo del Poder Ejecutivo, Carlos Chacho Alvarez, quien defendió la medida al sostener que se trataba de "un paso muy importante en la reorganización del sistema de salud".
El nuevo sistema formó parte de los compromisos asumidos ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la administración de Fernando de la Rúa, durante la gestión de José Luis Machinea al frente del Ministerio de Economía, lo cual destrabó el acceso al blindaje financiero por casi 40 mil millones de dólares.
Al explicar la decisión adoptada anteanoche por el gobierno, Lombardo aclaró que esta medida "no es una marcha atrás" y señaló que "los amparos presentados en la Justicia por las dos CGT, el personal de conducción y los prestadores de salud generaron una situación conflictiva entre quienes están en él amparados y quienes no".
Tal como estipula el decreto regulatorio, el nuevo sistema preveía descuentos de acuerdo a las escalas de ingresos que se dirigen al fondo solidario, pero "al no funcionar el sistema en su totalidad se hace inviable, por lo cual es imprescindible para la prestación la suspensión transitoria", reconoció Lombardo.
El ministro de Salud aseguró que si bien "no hay margen para modificaciones sustanciales, el diálogo no se cortó" con los sectores responsables de la prestación de salud.