El Senado convirtió en ley el proyecto que cede facultades legislativas al Poder Ejecutivo para poder modificar alícuotas tributarios y encarar una transformación del Estado, pero sin producir rebajas de salarios ni de los haberes jubilatorios. El gobierno nacional promulgó la norma y reglamentó el impuesto sobre débitos y créditos de cuentas corrientes que comenzará a regir a partir del próximo 3 de abril.
En una sesión que se extendió por más de doce horas, el Senado aprobó, sin tocarle una coma a la media sanción de Diputados, con 50 votos afirmativos contra cuatro negativos, el proyecto que el miércoles a las 23 había sancionado la Cámara baja.
El radicalismo, los partidos provinciales, el Frepaso y la mayoría de la bancada justicialista dieron su voto para que el Poder Ejecutivo sume facultades, mientras los peronistas disidentes Héctor Maya, Liliana Negre, Héctor Torino y Daniel Varizat lo hicieron en contra.
En nombre del oficialismo, el radical cordobés Luis Molinari Romero abrió la sesión expresando que la delegación de funciones que está previsto en el artículo 76 de la Constitución nacional "no es la suma de poder público ni es el otorgamiento de las facultades extraordinarias, sino la delegación de ciertas normativas en el Poder Ejecutivo".
"Esta sanción no implica cerrar el Congreso, como se ha dicho irresponsablemente. El Congreso tendrá una gran tarea de control y con esta sanción ratifica su perfil de un órgano legislativo moderno y ágil", agregó.
La voz del bloque mayoritario en materia de interpretación constitucional la llevó el riojano Eduardo Menem quien explicó que "esta sanción no tiene nada de novedosa: no vamos hoy a perder la virginidad en materia de delegación de facultades. La venimos perdiendo hace mucho tiempo".
"No votamos esta ley para hacerle un favor al gobierno, no lo hacemos para que la opinión pública hable bien de nosotros, lo hacemos porque tenemos la íntima convicción de que la necesita el gobierno nacional", precisó.
A su turno, el autonomista correntino José Romero Feris dijo que "no podemos vivir siempre bajo el argumento de la emergencia. Es hora que los poderes del Estado aprendan a gobernar a partir de actitudes de coordinación de consenso".
El radical Leopoldo Moreau manifestó que "se le dio al gobierno lo que necesita para la emergencia, pero no se le dieron los superpoderes que pedían en el proyecto original".
El salteño Roberto Ulloa, del provincial Partido Renovador, expresó su punto de vista destacando los pro y los contra del proyecto, aunque manifestó que votaría afirmativamente.
Alberto Maglietti, radical de Formosa, no dudó en destacar la decisión del presidente Fernando de la Rúa "porque dio una muestra de capacidad y valentía al designar a Cavallo como ministro de Economía cuando era mala palabra en el partido y cuando ninguno de nosotros estaba dispuesto a avalar esta designación".
En el último discurso del peronismo, el titular de la bancada, José Luis Gioja, destacó que "como aporte a la gobernabilidad el PJ da su voto positivo, a pesar de que algunos diputados oficialistas no lo han hecho. Le vamos a dar las herramientas al gobierno, pero le pedimos que las usen bien".
Mientras, el radical José Genoud enfatizó que "perdieron tanto los que creían que el Congreso daría un cheque en blanco para el Poder Ejecutivo como los que apostaban a que el Parlamento rechazaría la iniciativa dejando al gobierno con las manos atadas".
El resto de los discursos oscilaron entre las críticas positivas y negativas al rumbo económico que lleva el gobierno y en buscar el grado de culpabilidad que tienen los medios en el desgaste que sufren el Congreso en general y el Senado en particular como instituciones".
Con esta ley, el gobierno podrá transformar en empresas o sociedades del Estado entidades autárquicas o descentralizadas, pero no podrá proceder a la privatización de aquellos organismos no permitidos para tal fin por la Reforma del Estado, como el Banco Nación y la Afip.
Los legisladores otorgaron varias cesiones de facultades al gobierno en materia administrativa, pero rechazaron el pedido para que se puedan garantizar las operaciones de crédito público mediante la afectación de recursos o activos públicos.
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La Ciudad
