José María Amarilla
Asunción. - El presidente paraguayo, Luis González Macchi, cumple hoy dos años en el poder sumido en el aislamiento político y, según analistas, enfrentando el riesgo de perder el puesto. En 24 meses, el mandatario vio caer su popularidad de 70 a menos de 10%, perdió la alianza que lo llevó al poder, la mayoría en el Congreso y su sustento en el gobernante Partido Colorado y se vio involucrado en los escándalos de corrupción más comentados de los últimos años.
"El presidente está prendido de una rama a mitad de un precipicio", expresó el sociólogo Carlos Martini. "Si no cae es porque tiene sostén internacional de Estados Unidos y el Mercosur, que simplemente no ven la alternativa con la cual reemplazarlo". Paraguay es el socio más pobre de la unión aduanera Mercosur, integrada también por Brasil, Argentina y Uruguay.
La analista política Milda Rivarola afirmó, por su parte, que "es un milagro que el presidente haya cumplido dos años. Su coalición duró apenas ocho meses y aunque aguantó 16 más, su enemistad con el Parlamento no es sostenible a largo plazo". González Macchi llegó a la presidencia con apoyo del Partido Liberal y del socialdemócrata Encuentro Nacional en 1999, cuando era titular del Congreso, tras la renuncia de su antecesor, Raúl Cubas, acusado de ser uno de los mentores del asesinato del vicepresidente Luis María Argaña.
El Partido Liberal -la segunda fuerza opositora del país- rompió la alianza a fines de 1999, ganó la vicepresidencia vacante en elecciones el año pasado y el domingo oficializó una campaña por la dimisión del presidente. Una convención liberal resolvió "retirar el apoyo político al gobierno", reclamar la renuncia del presidente, responsabilizarlo "del estado calamitoso en que se encuentra el país" y "ratificar su confianza en el vicepresidente Julio César Franco en la línea de sucesión".
La decisión de los opositores siguió al escandaloso descubrimiento de un fiscal que el automóvil presidencial, un lujoso BMW 528i blindado, es ilegal y fue probablemente robado de algún país vecino. "En términos jurídicos existen causales para impulsar un juicio político al presidente por mal desempeño de funciones, delitos cometidos en el ejercicio del cargo, delitos comunes y otras más", dijo el abogado Eusebio Ayala, representante legal del Partido Liberal.
El diputado liberal Cándido Vera, actualmente presidente de la Cámara baja del Congreso que debe iniciar el trámite de enjuiciamiento político, anunció que, si el trámite es iniciado, "se facilitará en todo momento su concreción". A este escenario se sumaron organizaciones populares que se turnaron para protestar contra el gobierno a lo largo de marzo, y sólo accedieron a deponer las medidas de fuerza a cambio de promesas de asistencia financiera de muy corto plazo de aplicación.
"Quizá una ventaja para González Macchi sea que las protestas sociales carecen de fuerza por el momento, y de por sí no tendrían posibilidad de tumbar al gobierno, por ahora", expresó Rivarola. "Pero la crisis económica sigue y tiene efectos acumulativos que en algún momento van a estallar".
"Además una política de alianzas y reparto de cuotas de poder en el Congreso puede crear fácilmente mayoría suficiente para un juicio político", añadió. "Y esto sí es probabilidad segura de la caída del presidente".
Ante este escenario, el Partido Colorado, en el que González Macchi perdió sustento por la atomización de su corriente interna propia, ha subido la retórica adoptando una actitud desafiante. "Estamos alerta hace tiempo", aseguró en un discurso el presidente del partido oficialista, Bader Rachid, aludiendo a la campaña liberal por la renuncia. "Si algunos personajes desatinados pretenden llevarnos por delante, se equivocan, ahí nos van a encontrar".
Para Martini, esta respuesta "como discurso no está mal. El problema es cómo el presidente puede durar hasta el 2003 (año del fin de mandato) en estado de crisis permanente. Yo más bien creo que estamos en una etapa de crisis recurrentes, que es previa a una crisis terminal".
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La Ciudad
