El secuestro y la desaparición de personas fueron las prácticas que definieron al terrorismo de Estado implantado durante la dictadura militar. Sin embargo la represión se desplegó en todos los ámbitos de la vida y con preferencia en el de la cultura: en el caso de Rosario ese ataque sistemático a lo que desentonaba con el orden del denominado Proceso de Reorganización Nacional se manifestó en el asesinato de intelectuales, el cierre de carreras universitarias, la destrucción de proyectos educativos y el robo y el saqueo de archivos y materiales institucionales.
La Biblioteca Popular Constancio C. Vigil fue uno de los blancos de la política de destrucción cultural que llevó adelante la dictadura militar. La perversión que dio la pauta del comportamiento de los funcionarios del régimen se verificó en este caso, entre otros datos, en el nombramiento del tenebroso Ramón Alcides Ibarra como "asesor pedagógico" de la institución que había desarrollado un importante proyecto educativo y una actividad editorial reconocida a nivel nacional: se trataba de un oficial de policía denunciado como torturador y que se daba a conocer por el apodo de Rommel en las mazmorras del Servicio de Informaciones de la policía de Rosario, donde funcionó el principal centro clandestino de detención de la ciudad.
Por disposición del gobernador Jorge Desimone, el 25 de febrero de 1977, el capitán de corbeta Esteban César Molina asumió como interventor-normalizador en la Biblioteca, secundado por el abogado Mario Julio Pin y el contador Emilio Cancilieri. "Siete días después -relató luego Rubén Naranjo-, estaban cerradas todas las escuelas extracurriculares y los cursos de capacitación: se clausuró el servicio bibliotecario y se cancelaron las actividades que se realizaban en todos los talleres de producción, en la Caja de Ayuda Mutual, en la guardería y en el Centro Materno-Infantil".
La represión no se detuvo allí: también fueron detenidos miembros de la Comisión Directiva, se perdieron bienes y se quemaron 80 mil libros. Además se destruyeron diapositivas, se saqueó el archivo y -en lo que representó un punto culminante de desquicio- robaron la lente del telescopio y la reemplazaron por toscos vidrios esmerilados. La custodia no advirtió nada, quizá porque, según recordó Naranjo, practicaba tiro al blanco con los animales embalsamados del Museo de Ciencias Naturales.
"La labor desarrollada por la intervención militar en la Biblioteca Vigil es elocuente -describió Naranjo-: desarticuló la organización institucional; persiguió y encarceló a sus dirigentes; asumió las funciones de la Asamblea de socios; liquidó el sistema educativo cerrando numerosos cursos y escuelas; cesanteó a la mayor parte de los empleados y docentes; interrumpió prestaciones esenciales y, finalmente, los inmuebles más importantes a la Provincia de Santa Fe". El entonces ministro de Educación, Eduardo Sutter Schneider, dijo que se necesitaba "reordenar valores", ya que el proyecto de la Vigil "había sido confundido por ideas y motivaciones políticas opuestas a nuestro ser nacional".
La paz del cementerio
La represión se desplegó en Rosario como "un sistemático intento de disciplinamiento social que se desenvolvió en diversos escenarios y confrontó con enemigos varios", según destaca la historiadora Gabriela Aguila en un estudio que aborda la época (incluido en el libro "Rosario en la historia", Editorial Universitaria de Rosario). En particular se atacó al sistema educativo, a la universidad y también a las formas del ocio y la diversión. El entonces arzobispo Guillermo Bolatti, denunciado reiteradamente por su apoyo a los represores, alertaba en ese sentido que "todo lo que favorezca la relajación de las costumbres, el placer sexual desorbitado, la molicie de la vida, está favoreciendo en la misma medida (...) la subversión".
El 24 de marzo de 1976 se suspendieron las actividades académicas en todo el país. En agosto de ese año asumió como rector de la Universidad Nacional de Rosario el bioquímico Humberto Riccomi, único funcionario del gobierno militar que se desempeñó en la ciudad hasta 1983.
Después de la derogación de la ley universitaria del gobierno peronista, la intervención militar estableció el ingreso restricto en la universidad y el arancel, que comenzó a cobrarse a principios de 1981. "El sentido filosófico de este sistema es que el estudiante comprenda que estudiar cuesta algo, al menos", dijo entonces Riccomi.
Además, fueron cerradas las carreras de Antropología, Bibliotecología y Servicio Social y se suspendió la inscripción durante varios años en Psicología, donde los textos de Sigmund Freud y el psicoanálisis entero se convirtieron en temas prohibidos. Como dato del clima de época, puede recordarse que en las movilizaciones del final de la dictadura solía cantarse, al margen del "se va a acabar/ la dictadura militar", a propósito de los contenidos curriculares, "no se banca más/ a Santo Tomás".
En algunos centros de estudios la represión fue todavía más intensa. En la Facultad de Humanidades, los estudiantes debían presentar sus documentos al ingresar, siguiendo una práctica que sólo era de uso en las cárceles. Pero el peor saldo de la represión en la universidad estuvo dado por los profesores y estudiantes que fueron secuestrados y asesinados o permanecen desaparecidos. Otros fueron cesanteados o debieron exiliarse para poner a salvo su vida.
Una expresión de la dictadura
Los años de la dictadura significaron además el período de mayor predicamento de la Liga de la Decencia, un organismo que declaraba preocuparse por la moral y las buenas costumbres y que hizo una cruzada en defensa de la censura en el cine.
Un artículo de Pedro M. García, inspirador de la Liga, a propósito de la prohibición de la película "Una mujer poseída", describía así a la dictadura militar como "época de libertad", donde advertía la existencia de una "sociedad pluralista".
"La corrupción de las costumbres -dictaminaba allí García- es la peor de las contaminaciones, ya que corroe el alma, adormece las conciencias, envenena a la juventud". El guardián de la decencia advertía "crudas escenas de aberración sexual y violencia" en la película en cuestión y consideraba que quien la exhibiera bien podía ser penado con entre dos meses y dos años de prisión.
La celebración del aniversario de la Liga de la Decencia supuso el tipo de acto cultural que quería la dictadura. El 3 de julio de 1977, por caso, asistieron entre otros a la fiesta el capitán de navío José Segade, en representación del almirante Emilio Massera; el jefe del Distrito Militar Rosario, coronel Hugo Lasciar y el censor Miguel P. Tato, conocido por las barbaridades que cometió al frente del Ente de Calificación Cinematográfica. El general Ramón Díaz Bessone, denunciado luego por crímenes en el II Cuerpo de Ejército, adhería a la reunión con un "presente floral".
El orador principal del acto fue Pedro García. En el momento más terrorífico de la represión, la Liga se declaraba satisfecha por el clima moral imperante, aunque manifestaba su preocupación por la actividad nocturna de la ciudad: "el tráfico de drogas" y la "incitación al adulterio", destacaba, "conspiran contra el reencauzamiento del ser nacional".
En 1983, a propósito de su vigésimo aniversario, y con la democracia cercana, la visión de García era en cambio sombría: "la obscenidad y la pornografía ya se perciben en las revistas que infectan los quioscos, las carteleras de los cines y los escenarios teatrales". Sin embargo, la larga noche del horror estaba por quedar atrás y la ciudad se preparaba para un despertar en que el recuerdo del pasado se actualiza todavía como pesadilla.
La Ciudad
