Algo más de cinco mil chicos fueron detenidos el año pasado en la provincia de Buenos Aires, de los cuales 4.500 fueron apresados por hechos graves, 100 por cometer homicidios y 450 por participar en tiroteos con la policía, según estadísticas del ministerio de Seguridad bonaerense. "Bajar la edad de imputabilidad de los menores podría ser una de las soluciones, pero no la única; también habría que construir los establecimientos adecuados para contenerlos", consideró el titular del Ministerio de Seguridad bonaerense, Ramón Verón.
El funcionario resaltó que "los menores están involucrados en todo tipo de delitos, desde asalto a bancos, violaciones, privación de la libertad, y sin embargo las medidas que se toman no son suficientes". En sintonía con la línea ministerial, esta semana ingresó un proyecto al parlamento provincial que impulsa la modificación de la ley 22.278 sobre la imputabilidad penal de los menores de edad y establece la imputabilidad penal relativa en 14 años y la plena en 16 años.
Tendencia mundial
Su autor, el diputado ucedeísta Hugo Bontempo, argumentó que "la tendencia mundial determina la cada vez más baja edad imputable. Podría nombrarse como ejemplo el caso inglés que la instituye en 11 años y tiene que ver con la madurez mental de los menores de edad, que en nuestra época se alcanza a temprana Por su parte, el abogado Angel Bruno, vicepresidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, consideró que "no podemos cortar por lo más delgado el hilo del problema de la seguridad. Esto tiene que ver con la legislación procesal, replantearse las cuestiones de reincidencia, excarcelación, aumento de penas y los temas de marginalidad: la pobreza, el hacinamiento y la desocupación.
El letrado mencionó causas que convergen en un mismo problema como la portación de armas, la droga y su distribución. "Debería haber un estricto control del permiso para comprar armas y de la tenencia, y establecer una lucha efectiva contra las drogas y el tráfico." \Cultura, comida, capacitación y cariño son aspectos mencionados y poco abordados, según el abogado Joaquín Darrocha. "Es llamativo que toda la sociedad se pregunte cómo se puede sancionar en lugar de plantear cómo evitar esos hechos; pareciera que es mucho más fácil pegar antes que asistir, enseñar y contener, que es a lo que el Estado está obligado".