La demanda judicial por 750 mil dólares presentada por tres policías rosarinos a raíz de las agresiones que sufrieron al ser tomados como rehenes, durante motines ocurridos en dos comisarías, contradice la posición de las autoridades del Ministerio de Gobierno que presentaron la resolución de las revueltas como "un éxito" de la política penitenciaria. Los funcionarios argumentaron que la solución favorable de los conflictos se debió a la decisión de no ceder bajo presión a los reclamos de los reclusos.
El 13 de agosto pasado, los 44 reclusos alojados en la comisaría 19ª protagonizaron un violento motín que se prolongó durante 22 horas. El conflicto se inició a la hora del almuerzo cuando un grupo de presos atropelló a los agentes cuando se disponían a entregar los alimentos. Los reclusos se apoderaron de dos pistolas calibre 9 milímetros de los efectivos, balearon a un suboficial y tomaron como rehén a otro uniformado. El agente que resultó herido es un sargento que revistaba en esa seccional. El policía terminaba de saludar a su hijo por el Día del Niño cuando fue sorprendido por los presos que habían ganado el sector de oficinas. Entonces el suboficial tomó su arma reglamentaria y corrió para un pasillo ubicado detrás del penal. Allí se encontró con cuatro internos armados y en ese momento comenzó la balacera. El uniformado disparó un tiro intimidatorio contra una pared y recibió como respuesta de los presos un balazo que le atravesó la espalda. El agente que permaneció como rehén durante 22 horas fue liberado con varios golpes en el rostro y en el cuerpo.
La sucesión de revueltas tuvo su segundo capítulo el pasado 9 de septiembre en la subcomisaría 19ª cuando los presos alojados en ese penal tomaron como rehenes a tres policías, que resultaron heridos, aunque su estado no revistió gravedad.
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La Ciudad
