Las graves agresiones sufridas por tres policías rosarinos que fueron tomados como rehenes en dos comisarías locales, durante motines de presos registrados el año pasado, pueden transformarse en un alarmante problema económico para la provincia. Eso ocurrirá si prospera un reclamo indemnizatorio elevado por estos efectivos quienes, en conjunto, requieren un resarcimiento de 750 mil dólares. La base del recurso es la presunta negligencia en la que incurre el Estado provincial cuando obliga a policías a apartarse de sus funciones específicas para desempeñar una tarea impropia como es custodiar reclusos. Labor que, según lo planteado en las demandas, cumplen en condiciones de extremo riesgo sin haber recibido entrenamiento ni remuneración de parte del propio Estado.
Los fundamentos de estos tres reclamos, que recién recorren una vía administrativa, suponen un inquietante horizonte para las finanzas públicas santafesinas. Es que la imparable secuencia de revueltas en los penales policiales, especialmente de Rosario, colocarían a muchos uniformados en situación de efectuar reclamos similares. Esos pedidos encontrarían un sustento sólido si las tres primeras demandas, elevadas al Ministerio de Gobierno el 7 de diciembre pasado, fueran respondidas positivamente por el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial.
Los tres policías que exigen una reparación económica del Estado fueron prisioneros de reclusos en dos situaciones registradas en menos de un mes. Uno de ellos es un joven agente que estuvo 22 horas como rehén de 44 presos en un motín de la comisaría 19ª, en Barrio Moderno, entre el 13 y el 14 de agosto del año pasado. En ese lapso sufrió castigos físicos, apremios psíquicos y vejaciones. Hoy este agente está reintegrado a tareas pasivas pero no puede portar arma. Y está bajo tratamiento psiquiátrico.
Del otro hecho también fueron víctimas dos agentes de poca experiencia que resultaron dominados por 21 detenidos de la subcomisaría 19ª, en barrio Las Flores, el 9 de septiembre pasado. Los dos fueron atacados y uno de ellos quedó inconsciente por un golpe en la cabeza. A ambos los hospitalizaron. Ninguno pudo ser reincorporado aún al servicio y, por consiguiente, no les restituyeron sus armas.
Exito a alto precio
Estos reclamos actualizan, a la vez, una discusión sobre seguridad pública. Porque las actuales autoridades del área destacaron como exitosa la resolución de los dos sucesos en cuestión. El de la comisaría 19ª, según el ministro de Gobierno Angel Baltuzzi, fue un frustrado intento de fuga interrumpido por la policía. "En un intento de fuga hay dos objetivos de igual importancia. Que la fuga no se concrete y que no haya muertos ni heridos graves. Ambos fueron alcanzados", dijo por entonces. En el hecho de la sub 19ª las autoridades plantearon que el hecho fue calificado como "un intento de fuga abortado" (ver aparte).
El caso de los tres agentes que demandan a la provincia por haber sido rehenes de presos fue tomado por las abogadas María Ester Altamirano y Edit Giraudo, quienes fundamentan el recurso contencioso administrativo contra la provincia en la ley 11.330. Iniciaron la demanda ante el Ministerio de Gobierno. Suponen que la Fiscalía de Estado dictaminará en contra de la petición lo que habilitará la demanda judicial por daños y perjuicios en un tribunal civil y comercial.
"Los tres casos son consecuencia de un proceder negligente del Estado provincial", explicó Altamirano. Lo que ambas abogadas plantean es que, en base a esa negligencia, los agentes quedan en una situación de vulnerabilidad verificable en varios puntos.
u Los policías se ven sometidos, por orden de la provincia, a tareas para las que no fueron contratados. Cuando ellos son, en rigor, empleados como policías y no como agentes penitenciarios.
u No fueron instruídos para cumplir tareas carcelarias que el Estado, sin embargo, les impone en condiciones de extrema inseguridad, que coloca en riesgo su integridad física y psíquica.
u El Estado no remunera a los policías por la función adicional que les impone como guardias carcelarios.
u Pese a no entrenarlos ni rentarlos por esa tarea, el Estado sanciona a los agentes policiales en caso de conflictos ocurridos en los penales policiales (motines, evasiones, etc.).
Como agravante de estas circunstancias, las abogadas remarcaron que sus clientes sufrieron ataques en penales donde estaban alojados presos acusados o bajo proceso por ilícitos graves. Es decir, internos que, por sus antecedentes, requieren de una tutela profesional. Estos policías fueron rehenes de detenidos imputados por delitos tales como homicidio, tentativa de homicidio o robo a mano armada.
Uno de los recursos es analizado actualmente en la Subsecretaría de Seguridad Pública provincial. El otro está en la Unidad Regional II. El trámite es preliminar pero sus fundamentos, según un especialista en Derecho Civil consultado, son tan solventes que hacen prever que la demanda prospere. Si ello ocurre, estos recursos constituirán un antecedente firme para que otros empleados policiales que hubieran corrido una suerte semejante también inicien juicios. En lo que instalaría una perspectiva aún más sombría para el alicaído tesoro santafesino.
La Ciudad
