Caso de mala praxis pondría a Campana en cesación de pago

El municipio bonaerense de Campana puede caer en cesación de pagos en forma inminente debido a un embargo de 2.500.000 dólares -lo que equivale a dos meses de recaudación- ya que debe pagar una indemnización por un caso de mala praxis ocurrido en 1991 en su hospital comunal, indicó el secretario del gobierno comunal, Pedro Orquiguil.
Esta situación hace que "los médicos no quieran operar y los intendentes no deseen mantener abiertos sus servicios hospitalarios".
Pedro Orquiguil, secretario de Gobierno de Campana precisó que el factor desencadenante de esta situación será que "se declare inconstitucional la inembargabilidad de los bienes municipales" introducida en la ley de municipios de la provincia de Buenos Aires. El tema está en manos del juez en lo Civil de Capital Federal, Luis Alvarez Juliá, quien ahora debe resolver la ejecución de la sentencia sin plazos.
El caso se remonta a 1989 cuando un recién nacido fue llevado al hospital San José de Campana con un cuadro de deshidratación y desnutrición al que para salvarle la vida hubo que realizarle una canalización. Ese procedimiento para alimentarlo por vía indovenosa, se realizó mal por lo que el chico sufrió un nuevo problema y tuvo que ser trasladado a Capital Federal, donde finalmente le tuvieron que amputar un brazo.
A partir de 1991 se inició el caso por mala praxis contra el hospital San José cuando el caso llegó a la Corte Suprema con un recursos de queja que le fue denegado. El municipio había perdido antes otro juicio millonario -también por mala praxis- por el que tuvo que entregar gran parte de su recaudación, mientras que con este pleito la pérdida sería casi del diez por ciento de su presupuesto anual.
Ante esta situación, "estamos frente a la indefensión de los estados municipales, ya que hay casos muy parecidos en todos lados", planteó Orquiguil.
"En este caso no fue considerada ninguna norma de emergencia provincial o nacional al ser declarado inconstitucional el pago en bonos de consolidación y esto pone de manifiesto que no tenemos ninguna garantía ni seguridad jurídica", recalcó. El funcionario admitió "el derecho del menor a ser indemnizado" y recordó también que cuando el caso se encontraba en poder del juez de primera instancia de la provincia "se le propuso a la familia que el niño cobrara una renta vitalicia superior a los 1.700 pesos mensuales". Además, "una prótesis de por vida a medida que fuera creciendo, un trabajo para el padre y el adelanto de una suma en efectivo, pero esta oferta fue rechazada".