El ajuste no llegó a todos. Ese es el sabor amargo que queda luego de tamizar las medidas económicas presentadas por el gobierno, más allá de las polémicas que puedan surgir a nivel político.
Ese distingo de desigualdad frente a la ley, tan habitual en la seguidilla de ajustes lanzados desde 1990 hasta la fecha, es el factor de mayor irritabilidad que genera este paquete.
¿Ricardo López Murphy no tuvo otras opciones para corregir el desvío en las metas? En lo inmediato parece que no, aunque sí otros instrumentos.
Pero han quedado sectores privilegiados sin ajustar cuando son los verdaderos generadores del déficit y de los desequilibrios de la estructura fiscal.
El eje central del plan del gobierno nacional pasa por reducir las transferencias a las universidades y por transferir obligaciones a las provincias y que hasta ahora estaban en cabeza de la Nación.
Estos dos rubros se llevan el 50 por ciento del ajuste, lo que puede derivar en un serio riesgo financiero para el sector educativo. ¿No quedaban otros sectores para ajustar?
En el ajuste caen cuantiosas cuentas que expanden el gasto sin control y que sirven de ariete para los políticos de turno en sus aspiraciones electorales, como el otorgamiento de becas, subsidios y pensiones graciables, entre otros ítems.
Al mismo tiempo, el paquete afecta derechos adquiridos como aquellos que surgen para los nuevos jubilados que verán diferido el cobro de sus derechos.
El paquete entra en algunas zonas de sombras y su factibilidad corre peligro cuando aborda decisiones que son discutibles desde el punto de vista de la seguridad jurídica.
La eliminación del subsidio al gas en la Patagonia y el cambio de destino de los recursos del subsidio a las naftas en la zona sur y del Fondo Especial del Tabaco pronostican incertidumbre.
¿Y los sectores privilegiados?
¿Por qué estos sectores y no otros son los que entran en el ajuste? ¿Por qué quedan indemnes sectores privilegiados fuera del alcance de este ajuste? Por ahora, son preguntas que ningún funcionario se animó a contestar.
Lo cierto es que en el paquete apenas se esboza un contenido global de las llamadas reformas de segunda generación y en ellas sólo se menciona a la reforma administrativa que permitirá ahorrar unos 3.500 millones de dólares de acuerdo con un trabajo que Fiel elaboró y actualizó para esta gestión.
Más allá del sabor amargo, y al margen que la sociedad está hastiada de ajustes, esperaba que en esta oportunidad la vuelta de tuerca llegara sobre la burocracia y sobre la clase política. No, el gobierno optó por otro camino.
La Ciudad
