Editorial

Armas sin registrar

La terrible ola de violencia delictiva que sacude al país, con especial incidencia en los grandes centros poblados, donde la marginación y la pobreza se extienden y agudizan, genera profunda preocupación en todos los sectores sociales. Es que, a diferencia de lo que sucedía en otras épocas, en modo alguno puede hablarse de que algún grupo esté menos expuesto que otros a sufrir las consecuencias del accionar de vándalos, ladrones y asesinos.
Existe la sensación, justificada en algunos indicios sobre cuyas causas urge operar con decisión y eficacia, de que el Estado va camino de ser superado en su deber de prevención, represión y punición del delito. Sensación que sin dudas campea en medio de la inexplicable e inaceptable impunidad que se observa. Pero el dato que quizá conmueve con mayor intensidad es la toma de conciencia respecto del increíble número de muertes violentas que se dan todos los días. Parece una danza macabra de nunca acabar.
En tal sentido no puede sino destacarse una campaña que el Registro Nacional de Armas (Renar) ha extendido a esta provincia. Tiene como objeto colocar dentro de los parámetros que marcan las leyes, a un costo ínfimo y sin sanciones para aquellos propietarios que están en infracción, las 15 mil armas sin registrar que, se estima, hay en Santa Fe. En posesión legal de unos 40.000 propietarios aquí existen otras 70 mil armas. Ello sin contar aquellas en poder de las fuerzas militares y de seguridad.
Si bien el ministro de Gobierno de la provincia, Angel Baltuzzi, tiene razón en cuanto a que "este programa de regularización es de efecto limitado a la hora de evitar la delincuencia", ya que los delincuentes no registran ni entregan "sus elementos de trabajo", no caben dudas de que cuanto más firmemente se cumplan la normas que reglan la materia, existirán menores posibilidades de generación de problemas. Ello porque, como bien dice también el delegado local del Renar, Raúl Octavio Bartolucci, "mientras se tenga en el sistema registral la mayor cantidad de armas posibles, le va a ser mucho más fácil al Poder Judicial y a las fuerzas de seguridad combatir el mercado negro".
Pero no sólo en torno de la legalización de la posesión debe actuarse. Es indudable que mayores beneficios se obtendrán todavía de poder encararse, con seriedad y persistencia, un conveniente plan de canje de armas, con el fin de proceder a su inmediata destrucción. Aún cuando se sabe que tal destrucción no influye decisivamente en la baja de los índices delictuales, que responden a otros parámetros, ninguna duda cabe de que cuanto menos de esos artefactos estén en poder de civiles mejor será para todos.